Sin adjudicación pública, ni presupuesto, sólo con «una conversación»

La sentencia refleja el absurdo de un caso en el que la concejala de Urbanismo en el 2006, María José Alonso, «afirma que no existió una adjudicación al autor de las obras, ni concretó las partidas ni sus costes», aunque sí admite «la existencia de una conversación con el demandante en relación con esas obras». Un testimonio en el que reconoce «que era consciente de la realidad de las obras, aun cuando desconocía su entidad y precio, habiéndose interesado por el abono de las mismas una vez que se hubieran cumplido los requisitos formales para ello».

No consta que existieran los requisitos, como defendió el letrado del Ayuntamiento en la defensa del caso. Aunque la sentencia se basa en que «existe prueba indiciaria», a través de hechos objetivos suficientemente contrastados, para afirmar que el recurrente ejecutó las obras que refiere la factura». Unos trabajos que «evidentemente no hizo de forma espontánea» Aureliano Martínez Baro y que, como resuelve el juez, «no habiéndoselas encargado la OJE, como así afirma el que fuera su presidente provincial, tuvo que ser la administración obligada a llevar a efecto tales obras».