La amenaza de ruina conduce al derribo de medio centenar de edificios en León
Los propietarios deciden demoler antes de afrontar los arreglos a los que obliga la . ITC.
Tras echar cuentas, resuelven que no vale la pena. Mejor tirar la casa que arreglarla conforme a lo que marcan las obligaciones del informe de la Inspección Técnica de Construcciones (ITC). No compensa el abultado gasto para el beneficio que queda. El razonamiento que han seguido durante los dos últimos años 52 propietarios de edificios que ya son ruinas. Inmuebles que desaparecen dentro del avance de la ordenanza puesta en marcha por el área de Urbanismo desde el año 2009 para garantizar la seguridad y condiciones del parque inmobiliario del municipio de León. Unos derribos que en la mayoría de los casos parten de manera voluntaria de los dueños, con la intención de dejar el solar a la espera de mejores tiempos o volver a construir desde abajo o co n la fachada como punto de arranque, pero que incluso pueden venir obligados por la administración municipal ante el riesgo de que el deterioro llegue a suponer un riesgo para las personas.
Los derribos se apuntan en la carpeta de expedientes aprobados por el Ayuntamiento: 28 en el 2012 y 24 en el 2013. Una marcha que se seguirá en los próximos ejercicios, conforme avanza el padrón de la ITC. El listado que, a razón de una media de 600 inmuebles por año, fija el horizonte del 2017 para haber cumplido con la revisión de los más de 7.500 edificios con más de 40 años; una certificación que, superada la primera vez, deben volver a lograr a los 10 años.
La ordenanza que ha conseguido que los propietarios tengan que cumplir con una serie de condiciones estructurales y de seguridad para poder tener el visado. Unas condiciones que en uno de cada tres casos no se tienen, lo que deriva en un informe técnico que marca los arreglos que se deben acometer para ajustarse a la legalidad. Si no lo hacen, se enfrentan a multa e, incluso, a la orden de ejecución subsidiaria por parte del consistorio, con el consiguiente envío de la factura. El punto en el que, después de pedir presupuesto, empuja a los propietarios a solicitar el derribo. Un filtro que ya tienen en el suelo inmuebles en plena ciudad, así como casas de adobe en las pedanías y otras edificaciones, como apuntan desde el servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de León.
A los derribos también se llega por la vía obligatoria. El camino que abre la administración cuando aprecia desperfectos que hacen que no se guarden las condiiones de «seguridad, salubridad y ornato público», como recoge la normativa. Trozos de cornisas que se caen, descochones que aparecen, grietas que se abren las fachadas, tejas que se desprenden e, incluso, vados que se encuentren en malas condiciones. La pila en la que se han acumulado durante el pasado año 124 expedientes, según los datos portados por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo.
Unos casos, que pueden llegar a obligar al desaolojo de los vecinos y el apuntalamiento en situaciones extremas, en los que se ordena a los propietarios subsanar los daños con un plazop determinado para hacerlo. Un tiempo que, una vez superado, deriva en la imposición de multas coercitivas mensuales, por importe de 10% del coste de reposición y nunca inferiores a 1.000 euros, hasta un máximo de 10. Los avisos que, si se desatienden, hacen que se active la ejecución subsidiaria por parte del consistorio o que se acabe con la declaración de ruina, como sufrieron en el 2013 dos edificios, condenados a caer por el peso de la piqueta.