Diario de León

14.200 hogares tienen en León dificultades para mantener su vivienda caliente

No pueden pagar la factura de la luz, la calefacción y el agua

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Comisiones Obreras calcula que más de 14.200 hogares de la provincia de León tienen dificultades para abonar facturas de la luz, el agua o la calefacción como "víctimas" de la llamada pobreza energética, por lo que piden a las administraciones locales que mejoren su política de emergencia social.

La secretaria provincial de Política Social de CCOO en León, Rosa Castro, ha recordado esta mañana en rueda de prensa que el pasado año, en el marco del Diálogo Social de Castilla y León, se pactó la aprobación de una normativa autonómica que fijaba los requisitos para el acceso a estas ayudas.

Castilla y León es una de las autonomías con el índice de pobreza energética más alto de España, ya que alcanza el 7,5 por ciento, según datos aportados por el sindicato de un estudio realizado por el Observatorio Español de la Sostenibilidad.

A falta de un plan de cobertura energética a nivel nacional que facilite el acceso a los recursos a todas las familias, Comisiones Obreras ha pedido que ayuntamientos y diputaciones apliquen esa normativa autonómica y no establezcan sus propios requisitos de cara a que los afectados se puedan beneficiar de esas ayudas.

Se trataría de un "corta y pega" para trasladar esa norma a nivel municipal, aunque Castro ha señalado que no es la tónica habitual y ha puesto como ejemplo a los ayuntamientos de Ponferrada, que cuenta con 180.000 de presupuesto en ayudas, y de San Andrés, con 25.000 euros.

En el caso de este último municipio, desde CC OO se ha indicado que existen requisitos para acceder a las ayudas de emergencia social en San Andrés, como el hecho de que el beneficiario no mantenga deudas con el ayuntamiento, algo que, en muchos casos, lastra el acceso a los fondos.

"Estas ayudas son derechos objetivos", ha reivindicado Rosa Marcos que ha reclamado a la Junta de Castilla y León que exija a ayuntamientos y diputaciones que se acojan a la normativa autonómica y que establezcan "partidas flexibles" de emergencia social y no "presupuestos cerrados" para hacer frente a toda la demanda

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