| VILLAQUILAMBRE |
El fiscal no aprecia prevaricación al ampliar el Consistorio y archiva el caso
No encuentra delito de malversación en las obras ni ve datos para una acción penal.
El edificio municipal de los años ochenta incorpora una nueva ala moderna para ganar espacio.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de León ha zanjado la polémica que rodea a las obras de ampliación de la sede municipal de Villaquilambre al archivar las denuncias por posible prevaricación administrativa y malversación de fondos. En su escrito, destaca que tras revisar toda la documentación sobre la adjudicación, el presupuesto y el estado en que se encuentran actualmente los trabajos, «no hay ningún dato del que se desprenda una actuación arbitraria».
El fiscal señala, además, que si la obra resultaba excesiva para las necesidades del Ayuntamiento, si faltó suficiente previsión en su planeamiento, estaba mal diseñada o se ejecutó con deficiencias técnicas «son cuestiones sometidas a la crítica de los vecinos y a la censura política en las elecciones municipales». Insiste en que «no ha habido apropiación con ánimo de lucro de los caudales, sino inversión (acertada o no) en una obra en beneficio del Ayuntamiento».
Aclara que «ni sobrecoste ni despilfarro son sinónimos de malversación penal», porque para que exista se necesita un «apoderamiento de fondos públicos con ánimo de lucro privado» que no le consta en este caso. También realiza una matización, al indicar que «no corresponde a la Fiscalía el examen y censura de las cuentas de los entes públicos» por estar reservada al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Modificaciones
En su escrito recuerda que si las normas que se estimaron infringidas fueron las relativas al control de gasto público dictadas con motivo de la crisis económica, «esas leyes son posteriores a la ejecución del grueso de la obra». La obra, valorada en cuatro millones, se adjudicó a Dragados el 2009 en 2,9 millones, con una baja temeraria cercana al 26%. Se efectuaron dos modificados, el primero con coste cero y el segundo (para la envolvente climática y solar térmica) por 739.489 euros. La Corporación municipal ejecutó con medios propios hasta agosto de 2013 el equivalente a 215.429 euros y restaba por acometer 658.494 euros. El fiscal entiende que el aumento de coste, según la documentación aportada y el informe del arquitecto director de la obra, obedeció a diversos motivos: «un comienzo precipitado, un retraso en la ejecución, reclamaciones del contratista, excesos de medición, aumento del IVA aplicable y otras necesidades». En cuanto al proceso de adjudicación, Fiscalía resalta que la mesa de contratación estaba integrada por 10 personas, de ellas, tres representantes políticos, cinco «cualificados arquitectos», el secretario municipal y un técnico. Respecto al controvertido tema de la envolvente climática, considera que las deficiencias, según los informes técnicos, pudieron derivar de no instalar los 50 circuitos de geotermia previstos.