León reclama a Hacienda 606.580 euros por el IBI de nueve colegios
El Ayuntamiento espera que el Catastro confirme los datos de otros ocho centros
No se lo cobran a los colegios concertados, pero tienen el derecho a reclamar al Estado que se lo compense. El mecanismo por el que el Ayuntamiento de León tiene ya apuntados en el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) unos ingresos de 606.580,06 euros. La cantidad correspondiente a los cuatro últimos ejercicios presupuestarios de los nueve centros sobre los que ha aportado datos por el momento el Catastro: Discípulas de Jesús (5.005 euros anuales), La Asunción (45.294 euros), María Auxiliadora (14.937 euros), Maristas Champagnat (24.547 euros), Carmelitas de Gran Vía de San Marcos (22.038 euros), los Franciscanos (10.729 euros), San Juan de la Cruz (10.323 euros), San Nicolás de Bari, de Asprona, (3.713 euros) y Virgen Blanca 16.233 euros). Una cifra que en la que se suma la reclamación de los cuatro últimos ejercicios presupuestarios: el máximo que se puede reclamar sin que haya prescrito, a pesar de que la posibilidad está abierta desde hace 17 años y el trabajador responsable ya lo había advertido en 1996.
Habrá más dinero. El Ayuntamiento de León espera desde hace meses que el Catastro le notifique cuál es la situación en el resto de centros educativos concertados de la ciudad. Un informe en el que los responsable del departamento estatal deben concretar cuál es la superficie dedicada a usos educativos, la única por la que cabe la opción de reclamar la compensación de las exenciones del IBI, y qué espacio se destina a residencia. Dos funciones que se solapan en los otros ocho colegios que hay en la lista: Divina Pastora, Maristas San José, Agustinos, Carmelitas Landázuri, Jesuitas, Agustinas, Teresianas y el Colegio Leonés en sus centros de San Isidoro, La Corredera y José Aguado.
La suma hará que en la cifra total por todos los colegios y los cuatro años ascienda a 1,2 millones de euros este año, dado que el Ayuntamiento de León ha solicitado que se interrumpa la prescripción. Unos ingresos que se estabilizarán alrededor de 300.000 euros por cada ejercicio presupuestario con cargo a la compensación de los centros educativos, que seguirán sin pagar el recibo al Ayuntamiento. Una factura que abonará el Estado.