Ferraz remite a sus ediles instrucciones y argumentario para ‘tumbar’ la reforma local
El documento de organización ordena convocar plenos en los consistorios antes del 28 de febrero . Envía los modelos de acuerdo y de certificado, y la lista de documentos requeridos por el TC . Defiende en el recurso que la ley «lesiona» su autonomía y les somete a un «control político» estatal.
Óscar López y el secretario provincial de León, Tino Rodríguez, en una imagen de archivo.
Ferraz ha puesto en funcionamiento su maquinaria para que nada arruine la «potente iniciativa política y legal» que va a emprender contra la reforma local del Gobierno de Rajoy. La Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha remitido a sus alcaldes y concejales las instrucciones que deben seguir en sus ayuntamientos para tumbar la ley en el Constitucional, así como el argumentario en que deben sustentar sus intervenciones públicas.
A las agrupaciones locales ha llegado una «guia» explicativa sobre cómo «tramitar los conflictos en defensa de la autonomía local». En ella, el PSOE ordena convocar plenos –o solicitar su celebración, en caso de que el ayuntamiento no esté gobernado por los suyos– antes del 28 de febrero, «fecha límite» para llegar a tiempo al Constitucional.
El orden del día –prosigue el documento al que ha tenido acceso DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN-EL MUNDO y DIARIO DE LEÓN– debe incluir una propuesta de acuerdo, cuyo modelo tipo se ha encargado Ferraz de hacer llegar a sus dirigentes locales. Ha hecho lo mismo con el «modelo de certificado» requerido por el Alto Tribunal para tramitar el recurso.
Los acuerdos –en los que se incluye solicitud de dictamen del Consejo de Estado– deben ser aprobados por la «mayoría absoluta» del pleno, un quórum que los socialistas podrían asegurarse, incluso, desde la bancada de la oposición. Y es que el recurso contra la reforma local viene armado del Congreso, donde el PSOE se ha aliado con todos los Grupos, salvo PP y PNV.
No en vano, para que esta iniciativa, –defendida por el PSOE de León en la Conferencia Política– prospere desde el ámbito municipal es necesario que la respalden un séptimo del total de ayuntamientos (1.160) y que sumen la sexta parte de la población (más de 7,5 millones de vecinos). Ferraz ya ha estudiado en qué municipios puede ganar y esa información circula entre sus ediles.
Una vez aprobado el acuerdo en cada corporación, los secretarios provinciales de Política Municipal tienen orden de recabar toda esa documentación original y remitirla a la Secretaría Federal de Ciudades y Política Municipal –con copia a las regionales– «antes del 7 de marzo».
La dirección federal tiene ya listo el recurso –técnicamente, conflicto en defensa de la autonomía local– que presentará al TC. Y sobre la base de sus 42 folios, ha elaborado un resumen a modo de argumentario, para que sus portavoces municipales lo hagan valer ante el pleno. La consigna más repetida es que la ley del PP «lesiona la autonomía local que la Constitución garantiza».
Basados en la Carta Magna, pero también en doctrina previa del Alto Tribunal, los socialistas construyen tres argumentos. El primero: «la ley quita competencias a los ayuntamientos», hasta el extremo de «desapoderarles» de la prestación de «servicios mínimos obligatorios», con más intensidad en los que tienen menos de 20.000 habitantes.
El poder que pierden lo ganan las diputaciones. En el argumentario, Ferraz insta a sus cargos a incidir en la idea de la privatización. «Los servicios pasarán a manos privadas por el conducto de las diputaciones, para conseguir un foco de negocio donde antes existía un elemento de calidad y de servicio público», reza textualmente el documento.
En el recurso, esgrime el «trato deferente» que otorga la ley a las instituciones provinciales que, aún «sin legitimidad democrática directa», pueden «imponer su criterio» sobre la prestación de servicios.
Otro de los argumentos en los que incide el PSOE es en la «posición de subordinación o dependencia jerárquica» en que quedan los ayuntamientos. Y ello porque la ley otorga al resto de administraciones mecanismos de «tutela, condicionantes y controles». En este punto, el recurso indica que, al reservarse el Gobierno las directrices de actuación de los interventores municipales, estos se convierten en «comisariados», que ejercen un «control político».
Por último, los socialistas defienden que la reforma local «vulnera el principio democrático», al silenciar la voz de la oposición. Es la consecuencia práctica –dicen– de que la ley faculte a la Junta de Gobierno local a adoptar acuerdos «vitales» si en una primera votación del pleno no se alcanza la mayoría necesaria.
La ofensiva del PSOE contra esta ley abarca dos escalones más: el Congreso y los Parlamentos autonómicos. En las instrucciones remitidas, Ferraz precisa que ha ordenado presentar recursos –en las comunidades que gobierna– o promoverlos por «invasión de competencias».