Una alternativa al proyecto que se estimó de inicio en 70 millones y superaba los 267

La propuesta del Ayuntamiento de San Andrés se contrapone al coste que había planificado para el soterramiento en el municipio en el anterior proyecto. La cuenta que el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero estimó en 70 millones cuando anunció en febrero del 2007 la ampliación del terreno bajo tierra, con el compromiso que nunca se recogió por escrito de que sería el Gobierno quien cumpliría con el desembolso de la factura adicional. El presupuesto que, después del estudio encargado a una empresa de ingeniería externa, se cifró en julio del 2009 en más de 276 millones de euros, según el documento que manejan en el equipo de gobierno municipal del PP.

Un informe que utilizan de guión para defender que es inasumible el proyecto de los 2,6 kilómetros que había planificado para soterrar el trazado, por donde va en la actualidad, hasta superar el paso elevado del Lidl, a la altura de la calle Voluntario Ángel Soto. El coste que, unido a la integración en León y los talleres de Torneros, hacía que el gasto se fuera por encima de los 600 millones de euros, vinculados a las plusvalías de la venta de un millón de metros cuadrados de terreno para la construcción de más de 5.800 viviendas.

Esta fórmula —que todavía se utiliza en el resto de integraciones ferroviarias de España con el mismo esquema de gestión de sociedad mixta— queda ya en el olvido, como certificaron los ayuntamientos de León y San Andrés, la Junta y el Gobierno hace más de un año. Un tiempo en el que no se ha avanzado nada en la redefinición de un proyecto que ayude a la integración, ni en la ejecución del polígono ferroviario de Torneros para salvaguardar el empleo asociados. Una parálisis que desde San Andrés se pretende cerrar con el respaldo a su propuesta para el soterramiento por Azorín.