Los hosteleros empiezan a revisar los contratos para quitar pluses tras el fallo favorable del TSJ

Con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que anula el convenio colectivo en la mano, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo prepara ya los efectos de su aplicación. La traducción del fallo a los contratos de los trabajadores que, de acuerdo a lo consagrado por los magistrados de la sala de lo social, permite a los titulares de los negocios suprimir los pluses de asistencia, manutención y nocturnidad de sus empleados, que suman alrededor de 154 euros mensuales, y congelar la antigüedad. La reducción de derechos que, para las nuevas incorporaciones, suma además la desaparición del suelo de 1.000 euros mensuales que estaba fijado en el marco regulador para un ayudante de camarero, lo que les deja como única garantía los 645,30 euros del salario mínimo interprofesional, y les niega la posibilidad de acogerse a la tercera paga extra anual. Las líneas básicas que, como señala el presidente del colectivo, Pedro Llamas, ya se ha empezado a trasladar a los más de 400 asociados para que «decidan por sí mismos». Las nuevas normas para pactar los salarios que afectan a los casi 4.000 negocios de la provincial, que engloban cerca de 8.000 contratos, a los que se pueden aplicar desde ahora las nuevas reglas salariales.

A pesar de la información transmitida desde la asociación con la copia de la sentencia del TSJ, Llamas insiste en que se ha trasladado a los asociados «que actúen con la prudencia necesaria, haciendo aprovisionamiento de lo que recorten, dado que todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo»; una posibilidad de dar la vuelta al dictamen judicial que estudia ejercitar el sindicato UGT. «Después de Semana Santa nos reuniremos con la Federación de Empresarios Leoneses (Fele) para hacer una campaña de comunicación más amplia y que todos los hosteleros y hoteleros conozcan las opciones con las que cuentan ahora», señaló el presidente de la asociación, quien insistió en que, a pesar del fallo, se mantienen «abiertos para iniciar la negociación de un nuevo convenio colectivo», pero «sin las mismas condiciones salariales que había hasta el momento».

El fallo surge como consecuencia del enquistamiento de la negociación del convenio colectivo 2008-2010. El marco en vigor gracias a la ultraactividad, que permitía que se mantuvieran las mismas condiciones en ausencia de acuerdo. La regla que los magistrados del TSJ, con la entrada en funcionamiento de la nueva reforma laboral, entienden que no cabe aplicarse, dado que «transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que se haya aprobado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, su vigencia y se aplicará el de ámbito superior o, lo que es lo mismo, el nacional. El convenio estatal que no marca cantidades, sino que sólo fija la jornada laboral y los descansos, lo que hace que encima los trabajadores leoneses pasen de 31 que tenía de vacaciones a 30.

En este vacío de convenio provincial queda como referencia el Estatuto de los Trabajadores, según el fallo del pleito abierto entre UGT y Siscor Norte, la empresa que gestiona los Burguer King leoneses, representada por Llamas, a la que defendió el despacho leonés Tarpeia.