El Procurador pide información del «catastrazo»

El Procurador del Común ha solicitado más datos sobre la queja por el «catastrazo» de San Andrés del Rabanedo que presentó la Plataforma de 700 afectados el pasado 3 de marzo. Les insta a concretar la superficie, uso, categoría productiva o improductiva y grado de desarrollo de cada parcela sobre las que manifiestan discrepancias con la valoración catastral. Los vecinos no están de acuerdo con la clasificación de cinco millones de metros cuadrados de suelo rústico que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 convirtió en urbanizables. Lo que se traduce en el pago de unas plusvalías por transmisiones que superan el valor real del terreno, según argumentan. El portavoz de la Plataforma, Juan Carlos Fernández, asegura que el PGOU «fue un proyecto faraónico del PSOE que ya entonces estaba totalmente fuera de lugar por los tiempos que se veían venir. Y si nadie lo remedia, los vecinos afectados nos veremos obligados a pagar impuestos durante años por seguir con nuestras huertas y choperas declaradas de repente suelo urbano». El Procurador ha abierto dos expedientes sobre la disconformidad con las valoraciones catastrales en San Andrés, uno a expensas de la información complementaria que le remita la Plataforma y otro, lo ha enviado a la Defensora del Pueblo para que aporte posibles soluciones. También señala que quienes se consideren afectados por los valores catastrales desproporcionados pueden dirigirse de forma individual, exponiendo su problema e identificando los datos que se solicitan. Fernández afirma que, «al no existir ni un solo proyecto de urbanización en cuatro años, el terreno no ha adquirido la condición de solar, y por tanto no cuenta con todos los servicios urbanísticos instalados a pie de las parcelas y su valor está muy por encima del real del mercado».