Las antenas pierden la tutela municipal
La nueva ley de telecomunicaciones faculta a las operadoras para decidir el lugar en el que colocan los postes y hasta la expropiación de azoteas, que serán catalogadas como paso de servidumbre especial.
La ubicación de antenas de telefonía, que llegó a hacer tambalear algún gobierno municipal en León, se eleva un estadio legislativo y pierde dependencia de la gestión local. La nueva ley irrumpe con fuerza en la estructura de dispositivos de telecomunicación. Las compañías operadoras están ahora facultadas para instalar postes de telefonía móvil en las azoteas o cubiertas de edificios que crean convenientes, sin contar para esa ejecución sin la mediación o permiso de las comunidades de vecinos o el ayuntamiento. La ley viene a reconocer el derecho de los operadores a la ocupación del dominio, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres de limitaciones a la propiedad. La ordenanza municipal que actualizó el Ayuntamiento de León en el año 2009 con el fin de satisfacer las numerosas demandas vecinales que clamaron por información y control del proceso de instalación se ve relegada por la aportación legislativa de la ley de Telecomunicaciones de España; la polémica acompañó en León a lo largo de tres lustros la expansión de la red de cobertura de los móviles. Aquella situación crítica llegó a acallarse a base de mediciones de radiación en torno a las antenas telefónicas; uno de los últimos realizados, sobre más de 160 mediciones, no arrojó niveles por encima de lo permitido. Desde el tercio final de la pasada década se produjo un aluvión de solicitudes para nuevas licencias (más de un centenar). Para ejercer la potestad que les concede la norma, desde ahora a las operadoras les basta con una autorización de Ministerio de Industria para colocar una antena en una azotea, que será catalogada como servidumbre de paso especial.