TRIBUNALES
El Cermi insta al fiscal del Estado a parar el juicio penal contra los padres de Rubén
Denuncia trabas al derecho a la educación inclusiva en España.
Lucía Loma y Alejandro Calleja, madre y padre de Rubén, en una foto de archivo.
El caso de Rubén, el niño con síndrome de Down cuya familia reclama una educación inclusiva para el menor, está ahora sobre la mesa del fiscal general del Estado. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido a su titular, Eduardo Torres-Dulce, que tome cartas en el asunto y pare el juicio oral abierto por la fiscalía de León contra el padre y la madre de Rubén con su archivo. La fiscalía les acusa de un delito de abandono de familia por negarse a que su hijo sea escolarizado en un colegio de educación especial y pide una condena de ocho meses de multa. Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de León les ha obligado a adelantar 4.800 euros de fianza en previsión de responsabilidades.
Alejandro Calleja y Lucía Loma reclaman la educación inclusiva de su hijo desde hace cuatro años y es el tercer curso que Rubén, que en agosto cumple 15 años, está fuera del sistema escolar ordinario y atendido por recursos educativos privados que costea su familia.
Para el Cermi, «es una aberración moral y jurídica que una persona o una familia tengan que enfrentarse a un juicio penal por desear ejercer el derecho a la educación inclusiva».
Carta al fiscal de León
La petición del Cermi va acompañada de otra carta dirigida al fiscal jefe de León, Emilio Fernández, en la que muestra su «conmoción» por el procesamiento de los progenitores de Rubén. La negativa de la familia a escolarizar al menor en un centro especial, recuerda el Cermi, está basada en el derecho humano a la educación inclusiva reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, y plenamente aplicable.
Para cumplir esta normativa de inclusión educativa algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, han suprimido los centros especiales.
Sin embargo, en el resto del territorio las trabas a la educación inclusiva han llevado al Cermi a presentar una queja contra España ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Asimismo, denuncia que la Lomce «no ha adaptado la legislación española a los mandatos, principios y valores de la Convención de Naciones Unidas de 2006» por lo que España «incumple palmariamente obligaciones internacionales».