Fiscalía envía al juez la reprivatización del agua en 2010, que denunció IU
. Terrón cree ilegales algunas condiciones del contrato y el PSOE defiende que se aprobó con informes favorables .
La Fiscalía ha remitido al juzgado la denuncia que Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo interpuso el pasado mes de enero contra la reprivatización del servicio del agua en el municipio aprobada en Pleno en 2010. Tras estudiar los argumentos de IU, el fiscal deja ahora en manos del juez la instrucción del caso, que concluirá con el archivo o la apertura de juicio oral. Para IU aquella adjudicación es el origen de la actual subida que se pretende aplicar a los vecinos, y que la portavoz, Eloína Terrón, calcula que será el doble del precio que se paga en la actualidad. IU denunció ante Fiscalía la posible ilegalidad de las condiciones del contrato aprobado en el Pleno del día 3 de septiembre de 2010. Ese día, según recuerdan, el Gobierno del PSOE de San Andrés aprobó en solitario, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición y en contra del clamor de las asociaciones y vecinos que presenciaron la sesión, la privatización del agua hasta el año 2046. Terrón considera que en el expediente aprobado existían «indicios de ilegalidad que fueron puestos de manifiesto por los informes de intervención, al menos en tres aspectos». Señala que uno fue reprivatizar por 15 años más, cuando el contrato vigente establecía que sólo se podían modificar de 5 en 5 años. Otro, que en el anterior contrato el Ayuntamiento estaba exento de pago de tasas, mientras que con las nuevas condiciones las instalaciones municipales pasaban a pagar buena parte del consumo de agua; y tercero, se aprobó un pago mayor por parte del Consistorio a la concesionaria del servicio. IU resalta, además, que en 2010 se estipuló subir el precio del agua lo correspondiente al IPC más el 7,9%. Y en 2012 se acordó subirlo un 65%. «Es decir se cambiaron las condiciones esenciales del contrato que se había establecido en un principio», remarca. Izquierda Unida entiende que aquella decisión ha supuesto una mayor deuda para las arcas municipales «que ahora el PP quiere que repercuta en una subida de la tasa de aguas que pagamos la ciudadanía de San Andrés».
Por su parte, la entonces alcaldesa socialista de San Andrés y actual portavoz del PSOE, María Eugenia Gancedo, muestra su «total respeto hacia el trabajo de fiscales y jueces», y señala que la adjudicación del servicio del agua se efectuó en Pleno «con todos los informes jurídicos, técnicos y económicos favorables».