IU se personará en la reprivatización del agua como acusación particular

Izquierda Unida se personará como acusación particular en el proceso judicial abierto en el juzgado de Instrucción número 5 de León contra el contrato de reprivatización del agua de San Andrés del Rabanedo. El partido había denunciado esa adjudicación el pasado enero y Fiscalía remitió el pasado día 5 de junio al juzgado decano la investigación que abrió hace seis meses por entender «que de su contenido pudiera desprenderse la existencia de infracción penal». La fiscal instructora solicitó que se incoaran diligencias previas y se practicaran «las pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados». El documento que investigará ahora el magistrado fue aprobado en 2010 por el entonces equipo de gobierno del PSOE en Pleno, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición. Para la portavoz de IU, Eloína Terrón, «ese contrato de reprivatización supone aproximadamente 1 millón de euros al año de deuda para San Andrés». Por eso lamenta que los demás partidos «no hayan hecho nada efectivo, especialmente el PP, que es el actual equipo de gobierno y que dice que esa deuda la tenemos que pagar los vecinos y vecinas duplicando el precio del agua». IU cree también que «será tras las elecciones cuando apliquen todos los recortes y subidas de tasas que vienen anunciando con sus planes de ajuste». Terrón entiende que en el proceso de reprivatización se cometieron «irregularidades» en el nombramiento por la Junta de Gobierno de una interventora con carácter accidental por 2 días, a una persona que estaba ocupando la plaza de tesorera. «La Administración autonómica interpone un recurso contencioso administrativo que resulta estimado por el juzgado contencioso, por lo que el fallo es que ese nombramiento accidental no es ajustado a derecho e incurre en el supuesto de nulidad absoluta, lo cual comporta la nulidad de todos aquellos actos que de él traigan causa». También indica que el interventor municipal informó desfavorablemente en todos sus aspectos la renovación por 15 años más, «cuando el contrato vigente establecía que sólo se podían modificar de 5 en 5 años y en el anterior contrato el Ayuntamiento estaba exento de pago de tasas, mientras que con las actuales condiciones las instalaciones municipales tienen que pagar buena parte del consumo de agua, y además, se aprobó subir en 2010 el precio del agua, el IPC más el 7,9%».