Los funcionarios de Justicia irán a la huelga si se privatiza el Registro Civil

Los funcionarios de Justicia no descartan «llegar a la huelga» si el Gobierno mantiene el planteamiento de «privatizar» los registros civiles y si no se retira el anteproyecto de ley del Poder Judicial, que «promueve la desaparición» de audiencias provinciales, partidos judiciales o juzgados de paz. El representante del sindicato CSI-F, Fabricio Gómez, ha demando en declaraciones a los periodistas durante una nueva concentración ante las puertas de los Juzgados de León, en la que ha participado algo más de una veintena de personas, un servicio «público, gratuito, cercano y de garantía». Considera que la acción planeada por el ministerio tan sólo «beneficiará a los registradores mercantiles» que convertirán el servicio «en un negocio privado mediante sus aranceles».

Gómez, además, ha reclamado durante al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, una «verdadera negociación» para sentar las bases de un nuevo Registro Civil y que el servicio no pase a ser prestado por registradores mercantiles como «ha anunciado». En caso de que este extremo se diera, desde el sindicato se advierte de que la prestación gratuita del servicio, la cercanía a los ciudadanos y la confidencialidad y seguridad jurídica de los datos serían cualidades puestas en entredicho.

Además, Gómez ha demandado un calendario en el que figure un «proceso de adaptación de mejoras de medios materiales y personales» porque «los diferentes gobiernos han abandonado los registros civiles».

«Lo que quieren hacer es dar el servicio en poco más de cien despachos mercantiles frente a los 400 registros civiles de las grandes poblaciones y los siete mil de las pequeñas localidades», ha señalado a la agencia de noticias Efe el representante de CSIF. Desde el sindicato se indica que el ministro ha tomado la decisión de privatizar los registros civiles «de forma unilateral» y que las medidas diseñadas por Gallardón «no podrán garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos que ahora están custodiados en archivos oficiales».

«No hace falta privatizar el Registro Civil para hacerlo más eficaz, sólo hace falta más voluntad política y una apuesta decidida por lo público», resumió Fabricio Gómez, quien valoró la experiencia y la formación de los trabajadores y los funcionarios de la administración de Justicia.

Entre los asistentes a la concentración protesta de ayer en los juzgados leoneses, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Santiago Ordóñez, quien apuntó que «con la privatización de los registros civiles y las reformas diseñadas por el ministerio de Alberto Ruiz Gallardón sólo se pretende expulsar a la gente de la Justicia a base de tasas y privatizaciones», alejando a los ciudadanos de este derecho.