Un proceso que se adelante a la revisión de valores

La inspección de las bolsas de fraude se adelanta a la revisión catastral solicitada por el equipo de gobierno. Con la última ponencia de valores fechada en 1996, pese a que la normativa fije que se tienen que actualizar cada diez años, la revisión hará que a partir de 2016 se incremente la valoración catastral y, por consiguiente, los recibos de la mayoría de las unidades urbanas, salvo en aquellas zonas construidas durante el apogeo inmobiliario. Un efecto que el Ayuntamiento se ha comprometido a neutralizar con la bajada del tipo impositivo.

La promesa queda condicionada por el cumplimiento del plan de ajuste firmado con Hacienda para devolver los 174,5 millones al ICO, que hace que el consistorio no pueda recaudar nunca menos de los 50,9 millones de euros totales que pone al cobro ahora. Una cuantía en la que no se cuentan los ingresos de la bolsa de fraude que, incluso, podrían facilitar una bajada del recibo medio.