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La licitación del servicio jurídico a la que se opone IU queda desierta
Dos asesores municipales están de baja y el PP busca soluciones.
IU cree que hay funcionarios capacitados para llevar la asesoría jurídica de San Andrés.
El equipo de gobierno de San Andrés del Rabanedo decidió sacar a licitación el servicio público de defensa jurídica y judicial del Ayuntamiento, ante las bajas laborales que prevén prolongadas del asesor general Germán Carreño y del letrado municipal José Manuel Lozano. Para ello invitaron a tres bufetes de abogados, pero ante la falta de respuesta el concurso ha quedado desierto, según confirmó la alcaldesa en funciones, Elena Prieto.
Precisamente Izquierda Unida se oponía a esa «privatización» del servicio, al entender que si se necesitan más trabajadores «se puede convocar un concurso de promoción interna, para que personal cualificado para desempeñar las funciones que se requieran, pueda desarrollar las tareas», y no se contrate a abogados externos. El PP considera que la promoción «es un proceso que llevaría mucho tiempo y existen demandas y escritos que hay que contestar ya». Por eso defienden la licitación del servicio «que es el método más rápido para que alguien defienda los intereses del Ayuntamiento ante la baja de dos asesores», explican.
Sin embargo, IU insiste en que «no sería aceptable ni entendible para la ciudadanía de San Andrés, que el alcalde afirme que no hay dinero para los servicios públicos del municipio y que hay que hacer planes de ajustes difíciles y dolorosos, y simultáneamente decida que se va a contratar externamente el servicio jurídico y judicial del Ayuntamiento». La portavoz, Eloína Terrón, confía en que entre los trabajadores y trabajadoras del propio Ayuntamiento haya personal que a través de un concurso de promoción interna pueda realizar ese trabajo.
También cree que la externalización del servicio jurídico, aunque sea temporal, añade costes a las arcas municipales, «y supone un proceso de privatización contrario al control y gestión pública de los intereses públicos de este municipio». Terrón señala, además, que hay funcionarios municipales cualificados que ya fueron nombrados en otras ocasiones para realizar esas labores, «y que solo requieren medidas administrativas sencillas y rápidas para darle solución».