san andrés del rabanedo
Gancedo declara ante el juez imputada por prevaricación en un presupuesto
Investigan si la ex alcaldesa y técnicos abocaron al municipio al desastre económico.
María Eugenia Gancedo, durante su etapa como alcaldesa de San Andrés del Rabanedo.
El juzgado de Instrucción número 4 de León tomó declaración el pasado día 9 a la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de San Andrés, María Eugenia Gancedo, para aclarar la presunta implicación de la ex alcaldesa del municipio en un delito de prevaricación administrativa relacionado con los presupuestos de 2011. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) había anulado esos presupuestos al entender que se había «enmascarado, bajo una mejora y formal igualdad aritmética entre las cifras de ingresos y gastos, lo que es un constante salto al vacío presupuestario, abocando al municipio a una situación económicamente insostenible».
En la sentencia, el alto tribunal aseveraba que el equipo de gobierno presidido por Gancedo no se acogió al Real Decreto del 24 de abril de 2009 de Medidas Extraordinarias Urgentes para facilitar el pago a proveedores. También señalaba que se hizo caso omiso a las propuestas de los diferentes grupos políticos de la oposición para intentar disminuir los gastos, que no se redactó un plan económico financiero y que, pese a la deuda «exponencialmente creciente, nada se ha hecho que revele una decidida intención de atajar el gravísimo problema». El TSJCyL hacía referencia a las palabras de la propia Gancedo en la memoria de Alcaldía, sobre no «renunciar a mantener los servicios esenciales ni la calidad de vida de los vecinos, siendo la causa inmediata de las dificultades presupuestarias la asunción de competencias impropias». Entre sus argumentos proclamaba, además, su «rebeldía al acatamiento de la normativa presupuestaria».
El asunto llegó a manos del TSJ tras la demanda presentada por el PP por la liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo sin que, a juicio de los populares, el Ayuntamiento pusiera en marcha las medidas correctoras para compensarlo, o al que estaba obligado por ley. El tribunal autonómico apreció «indicios penales», y remitió el expediente al Ministerio Fiscal para que depurara «las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido las autoridades y funcionarios que intervinieron en estos hechos». Tras su investigación, el fiscal coincidió con las conclusiones del tribunal y remitió el asunto al juzgado de instrucción leonés, que abrió la causa. La magistrada también ha citado para el próximo mes de noviembre en calidad de imputado al interventor municipal de San Andrés.
Tribunal de Cuentas
La jueza también investiga los informes del Tribunal de Cuentas sobre la situación municipal, que consideran que el déficit se produjo por «la acumulación de resultados negativos en diversos ejercicios» y por no adoptar «decisiones oportunas con carácter inmediato» cuándo comenzó el desequilibrio. Un déficit que ha provocado dificultades para «atender los pagos de obligaciones firmes, vencidas y exigibles» y que, según Cuentas, generaron «un grave problema estructural de difícil solución» para seguir manteniendo los servicios esenciales.