El Consejo de Cuentas revela un caos en el control interno de la Universidad

El Consejo de Cuentas de Castilla y León hizo público ayer el informe de fiscalización de la Universidad de León en el que concluye que el Servicio de Control Interno de la institución académica «contradice» la Ley de Universidades. En el documento, presentado ante las Cortes, se indica que el servicio tiene una «dependencia orgánica y funcional respecto de la Gerencia y el rector, respectivamente», cuando la ley atribuye «al Consejo Social la supervisión de las actividades económico-financieras». Además, recoge que «las funciones, competencias y procedimientos aplicados por el Servicio de Control Interno, así como sus medios materiales y humanos resultan, en general, insuficientes».

A pesar de que Control Interno contaba con una guía con los aspectos a fiscalizar, tan sólo ha revisado la incorporación del personal de nuevo ingreso, de contratos del sector público y de anticipos de caja y «no se han auditado las subvenciones concedidas, ni la gestión de los ingresos, y tampoco se ha confeccionado una memoria anual de los resultados más relevantes de las actuaciones realizadas, ni se ha efectuado ninguna auditoría general de control de la gestión y del gasto». Según refleja el informe, el Servicio de Control Interno sólo cuenta con un archivo informático «sin fecha ni firma».

Cuentas prorrogadas

«El Consejo Social de la Universidad de León no ha aprobado una programación plurianual que recoja los objetivos, la financiación y la evaluación de su cumplimiento». El documento de fiscalización hace referencia al año 2012 y apunta que la Universidad ha tenido «diversas deficiencias en la presentación de la liquidación presupuestaria y en la contabilización de determinados gastos, tasas y precios».

En cuanto a los presupuestos, el Consejo de Cuentas destaca que la Universidad en el 2012 tuvo que prorrogar automáticamente las cuentas del año anterior al aprobarlos en octubre, «situación que viene produciéndose al menos durante los ocho años anteriores». En lo referente a los costes, se indica que la institución académica «no había implantado un sistema de contabilidad analítica en los ejercicios fiscalizados» para establecer una financiación adecuada y que el coste estimado por el Consejo de Cuentas respecto al 2012 ascendió a 88,1 millones de euros (79,1 en enseñanza y nueve en investigación).

El informe está incluido en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2013, que contempla auditorías de las cuatro universidades de Castilla y León. Entre los objetivos del informe de las instituciones académicas, «examinar su organización administrativa y docente; valorar las funciones, competencias y procedimientos de sus sistemas de control interno; evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos encomendados; y verificar la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres». La ULE cumple la igualdad efectiva «excepto en lo concerniente a los órganos colegiados de carácter general».

«La Universidad no dispone de un plan estratégico que recoja sus líneas estratégicas y programáticas sobre formación orientada a la empleabilidad, investigación, transferencia del conocimiento y tecnología, captación del alumnado y, en general, en los nuevos retos que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior», indica el informe. Además, apunta que la ULE aunque sólo participa de un 4,7% de la Fgulem «la controla al designar a la mayoría de lo miembros del patronato».