Del límite del 40% de los votos a la opción de la segunda vuelta
Las formaciones políticas reacias a la reforma electoral exhiben el factor tiempo como un obstáculo para acometer la intervención legislativa. Demasiada premura, advierten, rematar la tramitación del nuevo articulado a dos meses de las elecciones, siempre que, y en el mejor de los casos, se inicie en septiembre, con nueve meses de antelación a la próxima consulta, las elecciones locales previstas para mayo del 2015. Otro argumento con peso es la atomización del voto en el ámbito municipal que se expone en León como definición general para un tercio de los 211 municipios de la provincia. En auxilio de esta tesis se aporta el ejemplo del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, el tercero con más población en el territorio, que decide la opción electoral más votada con un margen de un punto porcentual (30% para el PP y 29% para el PSOE), un 10% para el tercero en discordia, la UPL, y el resto de la corporación municipal elegida con diferencias porcentuales pírricas.
Las premisas que impulsan la reforma electoral apuntan a que los cambios irán dirigidos a otorgar la gobernabilidad de un municipio a la candidatura más votada, capaz de superar el 40% de los sufragios, o distanciar en al menos cinco puntos a su inmediato competidor. Ahí se abre la posibilidad de competir en una segunda vuelta, en el caso de que no se alcance ese colchón de ventaja, en un pulso exclusivo para las dos candidaturas más votadas. Con un fondo de pantalla electoral cada vez más fraccionado, se auguran respuestas forzadas por los partidos que hasta ahora podían acceder al poder a través del rol que permiten los acuerdos postelectorales, imposible en un escenario con preeminencia para las mayorías.
La elección directa de alcalde se defiende desde el punto de vista de la autonomía que pueden adquirir los regidores frente al corsé y el control que ejercer los partidos políticos hacia ellos. Los detractores de la reforma que se barrunta tras los movimientos iniciados desde el gobierno cuestionan que se use el término «elección directa» para definir la reforma en el sistema electoral que blindaría a la lista más votada.