TRIBUNALES
La Audiencia cierra con un macrojuicio la operación de droga más importante de León
Será el lunes 20 de octubre, con 20 acusados que se enfrentan a penas que suman 100 años de prisión
La primera detenida, en el momento del arresto
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial juzgará el próximo día 20 de octubre, a partir de las 10.00 de la mañana y por espacio de siete días a una veintena de individuos, unos actualmente en prisión y otros en libertad provisional, a los que se imputan delitos contra la salud pública relacionados con la mayor operación antidroga realizada en la provincia de León, por los que se les pide en total penas que se acercan a los 100 años de prisión.
El macrojuicio, que se extenderá hasta el día 28 de octubre, congrega a 14 letrados para prestar asistencia a los acusados, siete de los cuales se exponen a la expulsión del país en un plazo máximo de un mes si son hallados culpables de los delitos por los que serán juzgados.
De acuerdo al escrito de calificaciones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, la operación se inició el 16 de abril de 2012, cuando en torno a las 10.30 de la mañana una joven natural de la República Dominicana, que se encontraba en situación de residencia legal en España, fue detenida por efectivos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la Policía Nacional en León, con la colaboración del Grupo Operativo de Estupefacientes del Puesto Fronterizo de Madrid-Barajas, en la sala de llegadas internacionales procedente de Santo Domingo.
Llevaba una faja adosada al cuerpo con 174 envoltorios cilíndricos y un peso de casi tres kilos, que resultaron ser 2,5 kilos de cocaína valorados en el mercado en algo más de 200.000 euros. La investigación determinó que la droga estaba preparada para su distribución en León, durante las vacaciones de la Semana Santa de 2012.
De 29 años de edad
La joven de 29 años de edad en la actualidad, fue detenida. Paralelamente, se arrestó también a otra dominicana, que había gestionado el viaje y que tenía contactos en el país para que la muchacha realizara el traslado de la cocaína. Se encargó, siempre según el escrito de calificaciones provisionales del fiscal, de gestionar la entrega de la droga, los trámites para el transporte y la entrega de la cocaína. Para ello, mantuvo reuniones en un restaurante de Madrid con otros de los detenidos.
El 13 de enero, había sido interceptado en el aeropuerto de Barajas un tercer acusado, al que se considera destinatario de la droga. Hay un cuarto procesado, que se dedicaba a la intermediación y venta de la droga a pequeña escala y un quinto dominicano, consumidor crónico de cocaína, que permanecía en prisión pero fue puesto en libertad con cargos el pasado 12 de diciembre de 2012.
Por ejercer labores de correo se imputa a un sexto individuo, que colaboró con la Policía y reconoció que había realizado un viaje en autobús a Cataluña sabiendo que él y otra persona llevaban 285 gramos de cocaína encima.
El fiscal considera que el séptimo imputado es uno de los principales distribuidores de droga de León. Ya cumplió una pena de dos años de cárcel, que no es computable a efectos de reincidencia. Mantuvo numerosas conversaciones telefónicas con el resto de los procesados para la realización de numerosas transacciones. Vendió en una de estas actuaciones 6.000 euros en droga.
También en Tarragona
Su socio, que ya estuvo en prisión siete años, había comprado droga pero no pudo venderla toda en la capital y se desplazó a Tarragona para tratar de colocarla, siempre según la versión del fiscal. Hay otro detenido del que se sospechó por su alto nivel de vida, para nada proporcional al del negocio de chatarrería al que se dedicaba y que finalmente fue encausado. Como lo fue igualmente una persona que le había alquilado una nave y que entabló relación comercial con él para la compra de drogas, y hasta el regente de un club de alterne de la provincia. Así, hasta 20 acusados.
Siete años máximo
El fiscal propone para tres imputados penas de siete años de prisión. Para un cuarto, solicita cinco años de cárcel. A otros cuatro imputados les pide cuatro años y medio de prisión y para el resto de los procesados, se proponen penas de cuatro años de cárcel.
Durante la fase de instrucción, quedó archivada la causa contra un guardia civil que inicialmente fue considerado sospechoso de colaborar con la trama. La investigación demostró que no había argumentos para encausarlo y decidió sobreseer la parte que le tocaba.
