La Junta desoye el fallo del Procurador favorable a la educación inclusiva
Educación rechazó un dictámen basado en la Ley de Igualdad de Oportunidades.
Rubén Calleja Loma agradece los apoyos recibidos.
La Junta desoyó una resolución del Procurador del Común a favor de permitir a una persona con discapacidad estudiar en un colegio ordinario. La resolución «rechazada por la Consejería de Educación» se emitió una vez que entró en vigor, el 15 de mayo, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad ante la queja presentada por una familia.
El artículo 18.3 de dicha ley dice que la administración debe garantizar la inclusión educativa de las personas con discapacidad en colegios ordinarios con los apoyos necesarios. Dice también la ley que las familias tienen derecho a elegir un centro de educación especial. A Rubén, con diversidad funcional por síndrome de Down, también se lo niegan. «Una cosa es el dicho y otra el hecho, ya ves cómo estamos», alega su padre, Alejandro Calleja.
La familia de Rubén Calleja Lucas, de 15 años, reclama un colegio ordinario desde el año 2010 y la asociación Solcom presentó una queja en su nombre y de otra familia palentina. El informe anual del Procurador del Común del 2013 recoge este asunto entre los más relevantes que la procuradoría de Castilla y León ha tratado.
El Procurador del Común informó asimismo a la asociación Amidown de León sobre la resolución que hace referencia a «las carencias advertidas sobre la implantación de un verdadero sistema de educación inclusiva para las personas con discapacidad según los términos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacid y su protocolo facultativo» de 2006, ambos ratificados por España.
La resolución se emitió cuando la nueva ley de la Junta todavía era proyecto por lo que el Procurador se mostraba esperanzado ante el avance legislativo: «El legislador ha dado un paso importante para favorecer la educación inclusiva en Castilla y León». En teoría. En la práctica, al entrar en vigor en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, el Procurador emitió la nueva resolución desoída por la Junta. Dicho dictámen reconoce a padres y madres y tutores de alumnado con discapacidad el derecho a optar por centro especial. En caso contrario, advierte, la administración debe garantizar la educación inclusiva en centros ordinarios con los apoyos necesarios.