AI pide a España colaboración en la imputación de los franquistas
Fernando Suárez rechaza comentar el auto de la jueza argentina.
Amnistía Internacional (AI) pidió ayer al Gobierno que colabore «expresamente» con la Justicia argentina, como recomienda la ONU, para la extradición de los 20 imputados por los crímenes cometidos durante el franquismo, entre ellos, los exministros Rodolfo Martín Villa y Fernando Súarez González y otros dieciocho imputados más, entre los que se encuentra Utrena Molina, suegro del ex ministro Gallardón.
Fernando Suárez rechazó ayer la petición de este periódico para hacer una valoración del auto de la jueza argentina.
La magistrada María Servini de Cubría, ha encomendado a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición para ser interrogados.
El portavoz de IU, Ignacio Jovtis, ha destacado que la sentencia «funda su competencia» en el derecho internacional y ha considerado que el argumento utilizado por la Justicia argentina «es correcto» para dicho fin. Por este motivo, reitera a España debe colaborar con Argentina para que se puedan investigar «graves violaciones» de los derechos humanos, en consonancia con los informes emitidos por la ONU.
La asociación 3 de Marzo de Vitoria, que representa a los cinco muertos y a las más de cien personas heridas en 1976 durante una carga policial en la capital vasca, pidió ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que se detenga a Rodolfo Martín Villa y se le ponga a disposición de la justicia argentina. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica cree que la orden de detención dictada por la Justicia argentina contra 20 imputados por crímenes del franquismo es un gran avance para «la conquista del derecho de miles de víctimas».
La magistrada argentina considera a Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente altos cargos de responsabilidad en el régimen franquista, responsable por la muerte en la ciudad vasca de Vitoria (norte) en marzo de 1976 de cinco trabajadores por una carga policial.
La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP —Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico—).