La Lastra se rebela contra la orden de demolición del cierre de las terrazas

Un aluvión de notificaciones sobre la ilegalidad urbanística del cerramiento de terrazas ha encendido la mecha de la indignación de los vecinos de la Lastra con el Ayuntamiento de León. La incidencia incrementa el grado de enojo de los propietarios cuando advierten que el plazo para recurrir contra la orden de derribo que añade el aviso municipal no pasa de quince días; y termina por desbordarse al comprobar que entre las indicaciones remitidas por la concejalía de Urbanismo está la carga económica de 550 euros que asumirá el propietario para costear la obra de desmonte del cierre de las terrazas, recogida del material y traslado a un punto adecuado para su eliminación.

Todos estos pasos son descritos como «una provocación» por parte de los vecinos afectados, que acaban de comenzar a recibir los requerimientos sobre actuaciones que, según el Ayuntamiento de León, vienen a atacar el Plan General de Ordenación Urbana de León, en los artículos 180 y 181, según los criterios para el cómputo de edificabilidad de los edificios. Las notificaciones suelen acompañarse habitualmente de imágenes que documentan la estructura de la estructura denuncia, desde ahora bajo amenaza de retirada.

Cerramientos de terrazas y tendederos en el punto de mira con los artículos 185 y 186 del PGOU de León en la mano, esgrime el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, desde su servicio de gestión de obras y urbanismo adjuntía de restauración de la legalidad —reza el encabezamiento de los escritos— por no atenderse a los criterios de cómputo de edificabilidad en el caso de retranqueos y los cuerpos salientes del plano de fachada. «Forman una galería cerrada y generan un incremento en el cómputo global de edificabilidad del inmueble», advierte el decreto de la concejala de Urbanismo.

La respuesta de los vecinos resulta inmediata; además de acudir de forma individual a las oficinas municipales para protestar o alegar ante lo que consideran una acometida injusta por parte del Ayuntamiento, proyectan una respuesta común y consorciada, que tomará cuerpo en asambleas previstas a lo largo de la próxima semana. Desde la recepción del aviso, disponen de quince días para recurrir una orden que implica «medidas de restauración urbanística»; es decir, demolición y reposición de la estructura al estado anterior de la reforma; a costa del propietario. Es en este punto donde se incluye la reseña de la cuantía de 550 euros para costear el proceso.

«Y en el caso de que lleguen a obligarnos a demoler el cerramiento, ¿quién me obliga a mí a no poder aprovechar los perfiles y las ventanas?», replican los vecinos que denunciaron ante el Diario de León los hechos y consideran el procedimiento un agravio frente a otros barrios y calles de la ciudad.

«Todavía no hemos logrado que en el Ayuntamiento nos explique la razón por la que debemos retirar los cerramientos en la Lastra y no en otras zonas de la ciudad», relatan.

El decreto de Urbanismo no asume en la advertencia de que los cerramientos resultan incompatibles con la ordenación urbana los matices que afectan al origen de las obras; algunos de esos ventanales denunciados forman parte de la estructura de la construcción. «Compramos el piso así, con terraza cerrada y tendedero aislado; a ver ahora que solución no dan», explica otro vecino afectado. Este periódico no pudo conseguir ayer que la concejala de Urbanismo ofreciera el parecer municipal ante las órdenes de demolición de terrazas que se focalizan en La Lastra.