La trama pretendía involucrar en León a terceros con contratos en varios sectores

La red de contactos que supuestamente utilizó Marcos Martínez Barazón para mejorar su reputación a nivel político y conseguir su objetivo de repetir como presidente de la Diputación Provincial y liderar el Partido Popular en León también tenía como finalidad lograr contratos en otros sectores diferentes a los que destapó inicialmente la investigación de la Guardia Civil, esencialmente Turismo.

Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron a este periódico que además de las operaciones encaminadas a la mejora de la imagen de los cargos políticos a los que se implica por su hipotética participación en los hechos y paralelamente a la investigación referente a las concesiones teóricamente ilegales de las que la instrucción tiene indicios más que firmes, habría también otro tipo de actividades añadidas que, de momento, permanecen bajo investigación y en las que estarían implicados los detenidos.

Igualmente se analiza la documentación obtenida para contrastar si como parece, el entramado de tráfico de influencias que se suponía fundamental en la trama, el del conseguidor David Marjaliza, en realidad era un grupo paralelo al de De Pedro Llorca, con quien se vincula de forma más estrecha a Martínez Barazón por parte de los investigadores.

Para otros

Era a través de empresas de Llorca como se presupone por parte del magistrado que se cometían las actividades que el instructor considera delictivas. A tenor de lo que se va descubriendo gracias al estudio de los documentos y las grabaciones, se podía favorecer a los imputados o a terceras personas.

Así es como se sostienen los cargos por organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación de documentos, utilización de información confidencial y fraude que pesan sobre los dos mediadores.

Salvo en los delitos que se pueden atribuir exclusivamente a los funcionarios o a cargos públicos (revelación de secretos, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios) el resto son las mismas en los dos casos: tráfico de influencias, cohecho y fraude.

Al no ser susceptible de contratación por la vía administrativa, los servicios de mejora de imagen a través de Internet se pagaban bajo procedimientos que el juez considera irregulares. Para ello se recurría a contratos públicos que en realidad tenían otra finalidad y cuyo objeto era bien diferente del propuesto. Desde la Audiencia Nacional se confirmó que la parte leonesa de la trama es una de las que funcionaba con esta fórmula, aunque no ha trascendido por el momento en qué apartados concretos.

La trama no solamente premiaba a los conseguidores con dinero. También se recurría a una figura denominada «ventajas particulares» consistente en favores de otro tipo que entrañaban en cualquier caso un beneficio indirecto posterior.

Fecha de inicio

La Audiencia Nacional acabó también en las últimas horas con las suspicacias en torno a la fecha de inicio de la investigación. Contra la tesis de que Barazón fue objeto de la investigación a partir de su toma de posesión como nuevo presidente de la Diputación el viernes 30 de mayo del presente año, el Magistrado Juez fija el punto de partida de las labores de control de la trama con fecha de 1 de febrero.

Fue entonces cuando la Guardia Civil, a través del Grupo de Delitos contra la Administración, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, inició sus investigaciones tras una denuncia del Ministerio Fiscal de la Confederación Suiza datada en la nochebuena de 2013. «Un delito de blanqueo de capitales agravado», exactamente.

Considera el Magistrado Eloy Velasco que las relaciones personales y las influencias políticas posibilitaban la firma de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos, gestión de bienes y servicios públicos de índole muy diversa que dependían de autoridades públicas y reportaban un beneficio para las personas físicas y jurídicas que formaban parte de la trama investigada. Así fue como se llegaba a la adjudicación de concursos sin contrato previo.