El alcalde de León pide 'ayuda' a otros municipios para evitar cargar con Gersul

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez, ha asegurado hoy que "quien tiene la potestad" para no modificar los estatutos del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul) son los propios ayuntamientos de la provincia "junto con la Diputación".

Gutiérrez ha asegurado que no hay "más resquicios" que los que contempla la ley, después de que la Diputación de León propusiera una modificación de los estatutos de Gersul, que conlleva que la administración con mayor representación es el Ayuntamiento, que debería asumir la tutela del Consorcio. De esta forma, el déficit de Gersul pasaría a computar en las cuentas del Ayuntamiento de León, y no en las de la institución provincial como hasta ahora.

Sobre este asunto, que ha provocado una crisis institucional, el alcalde leonés ha señalado que sólo esa unión de ayuntamientos y de Diputación permitiría revocar el cambio de tutela, que se enmarca en el cumplimiento de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El alcalde ha señalado que, a pesar de que esta situación se debería aclarar antes del 31 de diciembre, "cuando alguien quiere algo" hay "tiempo", por lo que ha recordado que, a pesar de que quede menos de un mes, las administraciones locales pueden convocar plenos extraordinarios para abordar esta situación.

Cómo se gestó todo

La maniobra la puso en marcha la que fuera presidenta del consorcio y responsable de la Diputación, Isabel Carrasco, en el mes de marzo, y acabó por cristalizar el miércoles en el pleno de la institución provincial. El objetivo era, como así ha sido, conseguir que Gersul presupuestara y financieramente pasara a manos del Ayuntamiento de la capital. Una estrategia que ha terminado por abrir una crisis entre las dos instituciones, enfrentadas como muestra de la inestabilidad que marca la convulsión sufrida por el PP leonés desde mayo, con el alcalde Emilio Gutiérrez a un lado y los presidentes comarcales en el extremo opuesto.

En primavera, la operación acabó en el cajón del despacho Carrasco. Con la llegada del diputado José Antonio Velasco a la presidencia del consorcio todo se puso en marcha de nuevo. En octubre la asamblea aprobó la adscripción de Gersul a la Diputación y la dotación de más votos a esta institución en este órgano de gobierno para ajustarse a la nueva normativa, ya que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local obliga a adscribir presupuestariamente los consorcios a aquella administración con más votos en la asamblea.

Sin embargo, cuando el asunto llegó a la Diputación para su aprobación todo se dio la vuelta. El PP, «velando por los intereses de la institución» logró el apoyo de todos los grupos en la Comisión de Cooperación para que Gersul fuera adscrito al Ayuntamiento y no aceptar que en la asamblea el Palacio tuviera más votos.

Así llegó al pleno del miércoles, donde la modificación de los estatutos del consorcio fue aprobada por el equipo de gobierno, la UPL y los dos diputados no adscritos. Los socialistas no participaron en esta sesión, por lo tanto no emitieron voto alguno, al decidir plantar al resto de la corporación después de que en el pleno anterior no consiguiera sacar adelante la comisión de investigación que reclamaban para esclarecer la trama Púnica. Sin embargo, según ha podido conocer este periódico, de haber asistido el voto hubiera sido la abstención.

En la votación también se ausentó, el diputado de Cooperación y presidente de Gersul, José Antonio Velasco, por conflicto de intereses, ya que él fue el que planteó a la asamblea del consorcio una propuesta que en la Diputación no se cumplió.

El portavoz del equipo de gobierno en la institución provincial, Jaime González, recordó ayer que la Ley de Racionalización obliga adscribir los consorcios presupuestariamente a la administración con mayor número de votos en la asamblea, en este caso, el Ayuntamiento de León. De todas formas, reconoció ante el enfrentamiento entre ambas instituciones producido en las últimas horas a cuenta de este cambio que «el diálogo entre las dos partes es mejorable».

«La intención de la Diputación no es entrar en conflicto con el Ayuntamiento, sino defender los intereses de nuestra institución; no podemos asumir una cosa que la ley no nos atribuye». González apuntó, además, que ya se hacen cargo de otros dos consorcios que cuentan también con la capital: el de turismo y el del aeropuerto.

La adscripción entrará en vigor el 1 de enero y aunque la Diputación seguirá teniendo la presidencia de Gersul, el portavoz del PP dijo que si el Ayuntamiento la quiere no tendrán problema en aceptar un cambio de estatutos para que pase a manos de la capital «siempre en nuestra voluntad de cooperación y lealtad institucional».

No concuerda esta voluntad con el enfado que muestra el Ayuntamiento, cuyo alcalde, Emilio Gutiérrez, decidió no hablar. Por delegación fue el concejal representante en Gersul, Julio Cayón, quien mostró ayer su «sorpresa mayúscula y tremenda» por una decisión que contraviene «lo que se había acordado en marzo y que se ratificó por unanimidad en la asamblea de octubre». «Ahí se recogió que permanecería adscrita a Diputación, que luego lo ha modificado y nos obliga a hacernos cargo a nosotros, lo que supone una auténtica barbaridad porque la competencia en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que son el 95%, es de la institución provincial».