Los subrogados de Urbaser acusan a Álvarez de enfrentarles con la plantilla

Los subrogados de Urbaser acusan a la concejala de Servicios Generales, Noelia Álvarez, de «faltar a la verdad» y de tratar de enfrentarles con el resto de trabajadores del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo «hablando de desigualdad salarial entre unos y otros». Recuerdan que cuando se produjo la municipalización del servicio de limpieza, el 29 de noviembre de 2012, los representantes de estos empleados ofrecieron «un recorte salarial negociado» y un descuelgue de su propio convenio colectivo firmado en 2008, al entender «la situación que en aquellos momentos atravesaba el Ayuntamiento y para adaptarse al Plan de Ajuste». Sin embargo, insisten en que el equipo de gobierno «se negó y aplicó por su cuenta un convenio» ante el cual la parte social manifestó «que no era legal», matizan.

Sentencias

Los jueces han dado la razón a todas las reclamaciones de estos ex empleados de Urbaser que trabajan desde hace dos años para el servicio de limpieza municipalizado. Las sentencias confirman que se regirán por su antiguo convenio, lo cual supone un desembolso a mayores de 600.000 euros anuales y el pago de 16 pagas, como disfrutaban con la antigua concesionaria. Los representantes sindicales aseguran que el salario bruto fijado es de 1.563,8 euros («no los 2.000 euros que decía la concejala»), y señalan que el PP está «pagando mensualmente en productividades más de lo que cuesta todo el servicio de recogida y limpieza viaria, 45.000 euros». También consideran que Álvarez intenta echarles «encima a los ciudadanos del Ayuntamiento hablando de unos sueldos desproporcionados y los mejor pagados del sector», aunque la recaudación por la limpieza cubre el coste del servicio. Animan a la concejala a «vender lo que es cierto, un ahorro de más de dos millones de euros anuales en el servicio» desde que es gestionado por el Ayuntamiento en lugar de por empresas privadas, y de «los 250.000 euros que ahora recaudan y antes se perdían por el camino», pero la piden que no utilice «de una manera baja y clasista el tema de nuestros salarios, ya que la profesión de barrendero o limpiadora es tan digna o más que otras a las que ustedes pueden representar».

Los delegados de personal apuntan que en San Andrés limpian 25 trabajadores en un municipio de 33.000 habitantes, frente a los 225 para 130.000 habitantes de León capital o los 22 para 18.000 habitantes de Villaquilambre.

La responsable de Servicios Generales asegura que el PP lo único que intentó al asimilar a esos trabajadores al convenio del Ayuntamiento, en lugar de al de Urbaser, fue mantener sus puestos y que tuvieran el mismo sueldo que los demás empleados municipales. También remarca «que fueron los anteriores alcaldes socialistas los que permitieron semejante despilfarro para las arcas municipales, con cuantiosos pluses de antigüedad y de penosidad».