La oposición cuestiona en 30 preguntas la gestión medioambiental y en servicios

La última sesión plenaria del año en San Andrés del Rabanedo se convirtió en un juicio sumarísimo a la gestión realizada por la concejala popular Noelia Álvarez al frente de Servicios Generales y Medio Ambiente. La oposición cuestionó su labor en una treintena de preguntas que incidieron, sobre todo, en las sentencias millonarias que debe abonar el Ayuntamiento por facturas no conformadas a la antigua concesionaria del servicio de Limpiezas, la empresa Urbaser, y a los trabajadores tanto subrogados como despedidos. El portavoz del PAL, Francisco Gómez, promotor de la petición de comparecencia de Álvarez, se lamentó de que el Consistorio perdiera 52 demandas de ex empleados de Urbaser y valoró que «nada de lo que ha hecho» la concejala «se ajusta a derecho», de ahí los varapalos judiciales. También insinuó que la edil se había quedado con expedientes, algo que negó rotundamente la responsable de Servicios, quien remarcó que el procedimiento de subrogación, del que luego se han derivado sentencias condenatorias para el Ayuntamiento, se realizó «conforme a los informes jurídicos de los técnicos». Noelia Álvarez defendió la municipalización del servicio de limpieza, que costaba 4,2 millones anuales la pasada legislatura y 1,46 millones con la gestión directa. «Aún sumando el medio millón de euros que implican las sentencias, el coste es de 2 millones, una diferencia abismal». Remarcó que la repercusión anual del servicio por ciudadano se elevaba a 146 euros con Urbaser frente a los 64 actuales. El alcalde, Gregorio Chamorro, reconoció que «cualquier cambio de gestión genera problemas, pero hay que mirar el resultado final, con cifras muy favorables al municipio». También calificó de «valientes» las decisiones que se adoptaron para rescatar el servicio, ya que el coste con la adjudicataria «no se lo podía permitir el Ayuntamiento».

Álvarez recordó que la adjudicación a Urbaser se produjo en 2002 con el PSOE, «aunque nunca se abonaron esos 4,2 millones, y se llegó a pedir un crédito, que aún sigue pagando el Ayuntamiento, para hacer frente a la facturación». Indicó que cuando llegó el PP encontró seis contenciosos por impago que la empresa accedió a retirar para beneficiarse del ICO a proveedores. «Se le pagaron 27 millones de euros y no entiendo cómo, con esas deudas, no se pedía la comparecencia de los anteriores responsables, y sí mía». El PAL entendió que la concejala «no respondió absolutamente a nada», el PSOE la acusó de negarse a negociar el descuelgue del convenio de los ex trabajadores de Urbaser y negociar a la baja, mientras IxSA la responsabilizó de generar 6,5 millones de más en las basuras e IU la dijo «que lo ha hecho fatal».

El PSOE logró apoyo para su moción de apoyo a parados de larga duración de todos los grupos, excepto del PP, que se abstuvieron al entender que no era el foro de debate, sino que debería presentarse en el Congreso. Chamorro valoró positivamente el acuerdo del Consejo de Ministros que eximirá al Ayuntamiento de los intereses del ICO. «Es una muy buena noticia»,,dijo.