Del Olmo responde a las gasolineras que «cada uno se organiza como quiere»

La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, respondió ayer a los que reclaman a la administración regional que tome medidas para evitar la proliferación de gasolineras ‘low cost’ que su departamento «no tiene competencias en materia de regulación empresarial» y que «cada empresa se organiza como quiere».

Ante la petición de patronal y sindicatos de regular las estaciones de servicio sin personal por una posible competencia desleal, la consejera aseguró en Ávila que en la actualidad «hay libertad de empresa» y que «lo importante es que haya muchas empresas», las cuales «tienen que tener libertad para decidir cómo prestan sus servicios y en eso no debemos inmiscuirnos los poderes públicos».

Pilar del Olmo insistió en que «cuando alguien monta una empresa sabe cuántos empleados necesita. Es una reivindicación que han hecho pero no es competencia de la Consejería y mi opinión es que cada uno organiza su empresa como quiere; inmiscuirnos en el ámbito empresarial nunca es bueno», subrayó.

Patronal y sindicatos del sector de las estaciones de servicio reclamaron el lunes en León a la Junta que tome medidas para evitar la proliferación de las estaciones de servicio ‘desatendidas’ o sin personal, de las que existen alrededor de medio centenar en la Comunidad.

Todos coincidieron en reclamar al gobierno autonómico que siga el ejemplo de regiones como Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Andalucía y modifiquen la ley de ámbito estatal que regula este tipo de instalaciones a las que atribuyen una clara competencia en condiciones desiguales y el incumplimiento de normativas relacionadas con las condiciones de seguridad y técnicas que requieren ese tipo de servicio.

La presidenta de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, Carmen Sáenz de Miera; el presidente de Aevecar, Rafael Pizarro, y los representantes de CC OO, Gonzalo Díez, y UGT, Juan Pedro Martínez, incidieron en que las estaciones desatendidas provocaron la pérdida de unos 450 empleos en todo el país el pasado año y la tendencia se incrementará si no se pone límite a esta ley.

El sector denuncia también el peligro que supone la existencia de instalaciones desatendidas que trabajan con un material altamente inflamable, y que en estas gasolineras no cuenta con ningún tipo de control por parte del personal.