Rafael Catalá: «Ninguna mujer se planteará abortar por motivos económicos o laborales»

Apura los últimos tragos de una legislatura en la que ha llegado a la cartera de Justicia para hacer frente a la sustitución forzosa de su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, y de paso apagar unos cuantos fuegos en un negociado propenso a las llamaradas. Pero decidido a no pasar de puntillas por esta etapa, anuncia la revisión de la Ley de Tasas, pretende modificar la Ley de Custodia Compartida y de paso ha ido un poco más allá en materia de ciberseguridad. El ministro de Justicia pasó por Ponferrada y León esta semana y en una entrevista para el decano de la prensa leonesa, tuvo tiempo de analizar los principales aspectos de su actividad.

 

—¿Cuál es el estado de la Oficina Judicial de León?

—Las ciudades pioneras han tenido los problemas de la puesta en marcha de un nuevo modelo. Algún Servicio Común ha funcionado con menor eficacia, pero estamos haciendo ajustes. En los próximos días pondremos en marcha el sistema de presentación telemática de documentos que el día 15 de febrero estará plenamente operativo. Creo que la Oficina Judicial es un buen modelo organizativo y por lo que me cuentan los operadores jurídicos, está funcionando razonablemente bien aunque se pueden mejorar algunas cosas para optimizar su funcionamiento.

—¿Es un avance, aunque sea a medio plazo, de la implantación del Expediente Digital?

—Quiero promover una transformación de la Justicia y un factor básico es la utilización de las nuevas tecnologías. Queremos agilizar los procedimientos, facilitar la comunicación de los profesionales con la administración pública y estamos dando pasos en esa dirección. Lexnet también estará presente en ese proceso de modernización y a lo que aspiramos es a una Oficina Judicial sin papeles.

—La sección desplazada de la Audiencia para El Bierzo ¿será factible algún día?

—He estado en Ponferrada y me he comprometido a trabajar en la separación de jurisdicciones, con cinco juzgados de Primera Instancia y tres de Instrucción. También me he comprometido con los abogados a mejorar los espacios físicos asignados al Servicio de Orientación Jurídica. Con los funcionarios hemos hablado de lo que necesitan para que antes del 1 de julio la Oficina Judicial de Ponferrada sea una realidad. La sección desplazada de la Audiencia es otra pieza más de estas cuestiones. No he comprometido ningún plazo, eso es cierto, pero sí he prometido estudiarlo.

—¿Hay previsión de creación de nuevos órganos judiciales?

—Acabamos de crear 282 plazas, de las que 9 son para Castilla y León y tres para esta provincia. Sé que los juzgados de lo Social están muy cargados en la capital, los civiles de Ponferrada igual y me he comprometido a tratar de priorizar, porque los recursos no son ilimitados. Lo que sí he constatado es que a pesar de algunos problemas, el estado general de la justicia en esta provincia está por encima de la media nacional.

—¿Va a hacer efectiva la reducción de las tasas?

—Quiero revisarlas. Desde 2003 que las recuperamos han tenido diferentes reformas. Hay un sentimiento general de que están limitando el acceso a la justicia de los ciudadanos y nada está más lejos de la intención del Gobierno. Espero presentar en las próximas semanas un proyecto de ajuste. Debo ser prudente y decir que de momento lo estamos estudiando.

—¿Y la custodia compartida, será real algún día?

—De momento hay un compromiso político de promover una reforma del Código Civil para que sea así. Hemos preparado un borrador de anteproyecto y lo estamos debatiendo con las asociaciones de mujeres, padres, familia extensa... A veces confluyen intereses contrapuestos en ese 25% de los divorcios que no son de mutuo acuerdo. Debe prevalecer el interés del menor en cada caso y nunca hay dos situaciones iguales. Este tipo de reformas necesitan un consenso importante. Pero también necesitamos identificar las demandas de la sociedad.

—Una demanda social también es la agilización de la justicia...

—Una justicia lenta es menos justicia. Una de las reformas que estamos abordando es de la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente para ganar en rapidez. Romper la regla de la conexidad para que cada delito sea una causa y que no haya esos macrojuicios que se dilatan mucho en el tiempo es una prioridad. Queremos incorporar un plazo límite máximo para la instrucción de las causas, regular la investigación tecnológica para contar con medios similares a los que usan los delincuentes para cometer sus actividades delictivas y todo esto está dentro de la Ley de Enjuiciamiento criminal. El sentimiento social es que un procedimiento juzgado a través de un jurado popular tiene que ser ágil y espero que pronto se pueda señalar la vista del juicio por el caso de Isabel Carrasco, por ejemplo. Espero que antes del 12 de mayo se pueda señalar la vista para que en el aniversario de su muerte haya fecha ya para la celebración de su juicio. Es cierto que nuestra ley procesal es muy garantista y hay que incorporarle procedimientos de modernidad. León está resolviendo la mayoría de sus asuntos en tres o cuatro meses, pero de vez en cuando nos encontramos con casos más llamativos que se demoran más. Mi obligación es informar de que lo normal es que la mayoría de los asuntos se resuelvan en pocos meses, esa es la realidad.

—¿Cuál es la situación del Registro Civil?

—Queremos ofrecer un servicio de calidad. Se ha aprobado una ley pactada para la desjudicialización del registro y la decisión que hemos tomado es otorgar la llevanza a los registradores, que hacen una labor equivalente a la del Registro de la Propiedad o del Mercantil. Estamos trabajando con ellos para que se apliquen sus conocimientos a nuestro ámbito. Eso no implica que los registros no tengan colaboradores como los juzgados de paz y las personas que actualmente trabajan en los registros, seguirán aunque en otras unidades.

—Da la sensación de que la Ley de Colegios Profesionales ha quedado un poco en stand by...

—España tiene una larga tradición de colaboración con la administración por parte de los colegios para asegurar unos principios éticos y un control de la profesión. Hemos planteado la conveniencia de hacer que los colegios sean una pieza más de un modelo abierto y no de un sistema proteccionista. Estoy trabajando con ellos para convertirlos en una herramienta que garantice el ejercicio profesional sin limitar el libre desarrollo de la labor y la libre competencia.

—La Ley del Aborto fue el asunto que le llevó al ministerio. ¿Habrá tiempo de aprobarla en esta legislatura?

—El presidente del Gobierno, cuando anunció la retirada del anteproyecto de ley previo, asumió el compromiso firme de presentar un proyecto de ley en relación con el consentimiento de los padres para los casos de los 16 a los 18 años, que estaba insuficientemente regulado y nuestro compromiso es garantizar que en el caso de que una menor de edad se plantee una situación tan traumática como esta tenga todo el apoyo de su ámbito familiar. Y en segundo lugar, hay un plan de ayuda a la familia de tal forma que en lo que tiene que ver con el aborto, ninguna mujer que se plantee una decisión tan importante y a veces traumática como ésta esté condicionada por motivos económicos, laborales o de conciliación. Ese plan de ayuda a la familia generará condiciones para que las mujeres puedan tomar decisiones al margen de aspectos económicos y sociales. Y en eso estaba trabajando el Ministerio de Sanidad. Va a ser una realidad en esta legislatura y lo presentaremos en las próximas semanas.

—Hubo un tiempo en que la Junta reclamó las transferencias de Justicia con cierta insistencia. ¿Hay posibilidades de verlo materializado a corto plazo?

—En los meses que yo llevo al frente del ministerio no ha vuelto a haber ninguna petición en ese sentido. Es cierto que un proceso de transferencias significa básicamente que los recursos del Estado se le atribuyan a la comunidad autónoma para que ellos hagan la gestión de las competencias en medios materiales y humanos con esos recursos. Yo he trabajado en el Ministerio de Justicia, pero también en Educación y en Sanidad. En ese sentido, las autonomías siempre piden la transferencia de los recursos y un convenio de inversiones o una financiación adicional en estos tiempos en los que la austeridad y el equilibrio presupuestario es una regla inevitable. Es muy difícil que ninguna administración le pida a la otra un esfuerzo que no está dentro de los límites aprobados. Al margen de otros aspectos conceptuales, como la conveniencia de la descentralización de las competencias en alguna materias, como es el caso de la justicia donde mi opinión personal es que sería una de las competencias que no deberían gestionar las Comunidades porque no aporta ningún valor singular que lo gestionen las comunidades autónomas. Educación, Sanidad o Medio Ambiente sí han recibido un impulso de mejora de sus competencias desde el plano autonómico, pero yo entiendo que a corto plazo no se van a producir nuevas descentralizaciones porque ni me parece que las autonomías lo estén demandando ni hay ninguna reclamación política en ese sentido.

—Desde fuera del Gobierno se critica siempre la ingerencia en la aplicación de la justicia. ¿Desde dentro se piensa lo contrario?

—Es un buen debate de nuestro modelo constitucional de separación de poderes. La independencia del poder judicial está plenamente garantizada. La Constitución ampara la independencia de los jueces, las leyes y la práctica cotidiana lo refuerzan pero el debate está más en la diferencia entre la independencia y la libertad de expresión. A nadie le está vedado tener opinión sobre la actuación de cualquier poder público y por lo tanto, cuando un juez o un tribunal dicta sentencia, lo hace en ejercicio de su independencia que está garantizada. Pero eso no significa que lo mismo que los jueces opinan sobre las leyes y sobre las actuaciones del Gobierno, desde un gobierno no se pueda tener opinión sobre las actuaciones judiciales. Y desde el ámbito de la independencia judicial, que el Estado o la autonomía opinen sobre una determinada sentencia es propio de una sociedad democrática. Pero hay que encontrar el equilibrio razonable entre el ejercicio de una crítica respetuosa y una descalificación y nunca llegar al ámbito de violentar una independencia. Igual que los jueces opinan de las leyes, también los miembros de los gobiernos pueden opinar sobre las sentencias, sin que haya que dejar de acatarlas.

—¿Cómo se puede explicar al ciudadano que se inhabilite al juez Elpidio Silva y que luego se acabe dando la razón a sus planteamientos?

—Es verdad que hay casos complejos y muy técnicos. A veces cuando los medios de comunicación informan de estos asuntos tan técnicos, no lo tienen fácil para manejar estos términos porque no comunicamos con la suficiente sencillez. Por eso lo que tenemos que transmitir permanentemente mente es que el sistema judicial español funciona, que cometer un delito tiene consecuencias, que las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan y que la ley es igual para todos, sea un ciudadano, un político o un juez, como es el caso de quien continuó investigando un asunto que ya estaba archivado.

—¿Saldrá adelante la prisión permanente revisable?

—Estamos revisando el Código Penal. Es un código vivo porque hay nuevas realidades sociales como el yihadismo, el acoso a los menores y otras actividades. Los asesinatos múltiples, las violaciones reiteradas y lo que la sociedad repudia debe tener una pena singular. La pena está orientada a rehabilitar al delincuente pero también tiene un aspecto retributivo que hay que combinar. La prisión permanente existe en toda Europa y es lo contrario de una cadena perpetua. Revisa si el delincuente ha cumplido su rehabilitación. Para evitar que una persona pueda reincidir se establece este sistema, en el que los delitos más graves revisan sus pena periódicamente para ver si se le pueden conceder beneficios penitenciarios o no.

—¿Hay alguna fórmula que garantice la seguridad de las víctimas de la violencia de género?

—Hay un plano educativo en el que hay que trabajar. No es de recibo que las nuevas generaciones nos aporten datos como del de que uno de cada tres jóvenes entienda lógico el control del móvil de su pareja. Luego están las medidas de seguridad, para la protección de las víctimas y finalmente la respuesta del derecho, para que haya una respuesta firme del derecho y con un efecto disuasorio. El Código Penal nuevo incluirá un agravamiento para quienes inutilicen los medios técnicos de las órdenes de alejamientos, como los casos de quienes inutilizan los brazaletes.

—¿Los delitos informáticos también estarán adaptados a los cambios?

—Todos trabajamos por tener un estado de derecho, que garantice los derechos de los ciudadanos y aporte seguridad. Eso significa que cuando la policía investiga la comisión de un delito, tienen que tener tecnología suficiente como para hacer frente a estas amenazas del siglo XXI. Por eso a Ley de Enjuiciamiento Criminal regulará la normativa y les dará herramientas a los fiscales y a los jueces.