El Tribunal de Recursos evitó pleitos por valor de diez millones de euros
La provincia deja de ser la primera en asuntos trasladados al Consejo Consultivo.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, presidido por el leonés Mario Amilivia, gestionó recursos por valor de 10.255.111 euros a lo largo del año 2014, según un informe presentado por el Consejo Consultivo.
A criterio de Amilivia, la «tasa de éxito» de este tribunal que se encarga de depurar el recurso especial en materia de contratación radica en que «se trata de un recurso potestativo, pre-contencioso, que pone fin a la vía administrativa y que está impidiendo que se judicialice la contratación en Castilla y León. Un recurso que cada vez se está utilizando más. Se trata de un tribunal independiente que garantiza que gane la mejor oferta y, por lo tanto, a ahorrar dinero público. Antes, los licitadores tenían que recurrir a la propia Administración, había un miedo, ahora ya no».
En lo tocante al Consejo Consultivo, León pierde por primera vez el liderato en el número de asuntos elevados a este órgano. Burgos copa la cabeza en 2014 aunque en el balance histórico, la provincia leonesa sigue siendo la que más consultas presenta.
El descenso que se ha registrado en el número de dictámenes con respecto a 2013 obedece, como así ha sucedido en el resto de provincias, a la elevación de las cuantías mínimas para el dictamen de las consultas sobre responsabilidad patrimonial (3.000 euros como mínimo para las del ámbito de las Administraciones locales y 6.000 para las de las Consejerías de la Junta). Hasta el punto que ya han desaparecido prácticamente las consultas por daños de la fauna –en la provincia eran numerosísimas las generadas por los daños del oso en las brañas y colmenares de la montaña- (sólo dos en 2014), las del ámbito escolar o atropello de animales. Es decir, en muchas ocasiones los daños no superan las cuantías establecidas en 2013. En estos supuestos, además, existe una doctrina jurídica asentada durante estos años.
La única consulta de carácter facultativo presentada en la provincia el año pasado fue planteada por el Ayuntamiento de Ponferrada sobre la asignación económica a los concejales no adscritos en dicha Corporación. Estos 84 dictámenes suponen el 14% del total de los emitidos en todo el año por el superior órgano consultivo de la Comunidad con sede en Zamora.
La suma total de las indemnizaciones reclamadas en las consultas de la provincia sobre responsabilidad patrimonial alcanzó los 6.623.316 euros. Los dictámenes de carácter estimatorio, aquellos en los que se demuestra que ha habido responsabilidad patrimonial y se da la razón a los perjudicados por fallos en los servicios de las administraciones, alcanzaron los 170.000 euros. La indemnización más elevada de las que se pudo disponer en el conjunto de las consultas sobre responsabilidad patrimonial corresponde a una del ámbito sanitario por mala praxis médica en el Hospital de León (secuelas por un retraso de diagnóstico) por la que se pedían 1.509.392 euros a la Consejería de Sanidad. El dictamen emitido fue desestimatorio.