Los jueces cambian 700 condenas por trabajos en beneficio de la comunidad

«Para mí fue muy positivo. Una de las cosas que he aprendido es a sentir empatía por la gente necesitada». Antonio Fernández ha cumplido 104 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, una actividad no retribuida y voluntaria para la realización de labores sociales de reparación similar al daño causado. «Conducía bebido. La guardia civil de Tráfico me paró en un control. Me quitaron el carné durante veinte meses y me condenaron a realizar trabajos en beneficios de la comunidad».

Los trabajos en beneficio de la comunidad son una medida alternativa al ingreso en prisión pensada para reeducar a la vez que se hace algo útil para la sociedad. El juez de Vigilancia Penitenciaria de León aprobó 704 conmutaciones en 2014, el 92% de hombres. Las propuestas llegan del Servicio de Gestión de Medidas y Penas Alternativas. El incremento de esta alternatica provoca lista de espera. 287 personas aguardaban un destino social para saldar su deuda al finalizar 2014.

Antonio eligió el ropero de Cáritas, una de las ochenta entidades colaboradoras del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. «Pensé que Cáritas era un buen destino. No me equivoqué. Te ayudan. No recaes y no le das tantas vueltas al coco».

Cada jornada de trabajo tiene una duración de cuatro horas diarias, determinada en función de los servicios propios y sus horarios, las plazas libres y las características personales, laborales y familiares de la persona penada intentando combinar el desempeño de la pena con la flexibilidad de su vida familiar y social.

En busca del perfil

«Una vez que recibimos un plan de cumplimiento de un penado, realizamos una entrevista previa a la incorporación al servicio, comprobando la adecuación de su perfil a la actividad propuesta. Decidimos sobre su incorporación o no y comunicamos la decisión al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Entrevistamos a la persona para comprobar si reúne requisitos para cubrir una plaza ofertada», explica Eva González, la responsable del programa en Cáritas. «Por las características de nuestra institución, cada persona penada a trabajos en beneficio de la comunidad desarrolla su actividad acompañada y supervisada por el voluntariado coordinador, quien se encarga de instruirle en la actividad a desarrollar, la actitud a mantener, como registrar la firma de asistencia diaria e informar de las posibles ausencias no justificadas».

Antonio está desempleado. «Era encargado de obra. Se me acabó el paro y ahora recibo una ayuda. No pasaba por un buen momento, pero estar en Cáritas me ha hecho ver las cosas de otra manera». El trabajo social desempeñado durante casi año y medio le ha marcado y ahora es voluntario de la oenegé. «Ahora viene semanalmente a Cáritas, es parte de la entidad», corrobora la responsable del programa. «Estoy haciendo cursos y buscando empleo. Me ayudan a no perder la esperanza. Ahora me pienso más las cosas. No quiero volver a pasar por lo mismo. Me sentía fatal. Pero esta condena me ha venido bien para conocer cosas que antes no sabía que existieran. Cuando me veo mal vengo a Cáritas y me desahogo con Eva, que me escucha. Las personas están más preocupadas de sí mismas que de escucharme a mí. A mí antes me pasaba lo mismo pero ahora no».

Desde el año 2007 han pasado por Cáritas 105 penados a trabajos sociales. «El desarrollo de actividades constructivas, útiles y prácticas genera beneficios para el que la desarrolla y para los destinatarios pasando a ser una obligación positiva desarrollada en comunidad y para la comunidad», asegura la coordinadora del programa.

El 76% de las penas conmutadas se refieren a delitos cometidos contra la seguridad vial, como conducir ebrio, a una velocidad excesiva o sin carné. Otro 13,5% está relacionado con la violencia de género.

María Restrepo Martín es colombiana. El juez le impuso 160 jornadas de trabajo comunitario. «Mi ex pareja y yo tenemos una orden de alejamiento». Él la denunció tras una agresión en el domicilio. «Me pegaba habitualmente. Yo estaba cocinando. El llegó por atrás y me tiró del pelo. Yo tenía un cuchillo en la mano y, con un acto reflejo, intenté herirlo volviendo la mano hacia atrás. Le hice una herida en una pierna y me denunció. Yo nunca lo había denunciado a él. Después retiró la denuncia pero el juez siguió con la causa y nos condenó a los dos a trabajos en beneficio de la comunidad. En cuanto acabe me quiero ir de León. Llevo aquí cuatro años pero me da miedo quedarme por si vuelve a por mí». Esta condena supone un traspié para su planes. «Ahora tengo antecedentes penales y me han negado la nacionalidad después de llevar 15 años en España. Mi documentación vence este año, pero intentaré arreglarlo para más tiempo. De momento tengo los papeles archivados». María cumple su condena limpiando las dependencias de la Fundación Proyecto Hombre, institución que tiene un convenio para estos servicios desde el año 2003.

«Estas medidas son para infracciones leves, y casi siempre son ofrecidas al denunciado a cambio de no reembolsar una cantidad económica de multa», explican los coordinadores del programa en Proyecto Hombre. Los requisitos de la Fundación para poder acoger a personas por el artículo 49 de Código Penal son que no sean consumidores de drogas ni de alcohol. Las tareas que desarrollan son de limpieza de interiores y exteriores (jardines) y atención telefónica y recepción.

En las instalaciones de Proyecto Hombre de León y Bierzo han cumplido estas condenas sociales 148 personas desde el año 2008.