Velasco deja en secreto sólo la parte del sumario sobre la que aún hará interrogatorios
La Audiencia Nacional inició ayer la digitalización de los 47 terabytes que ocupa la totalidad de la documentación obrante.
Eloy Velasco, a su llegada a la Audiencia en uno de los primeros días de la instrucción.
El magistrado juez titular del juzgado central número 6 de instrucción de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto por el que levantó el secreto de las actuaciones que pesaba sobre 19 de los 25 tomos del sumario de la Operación Púnica, que se puso en marcha el pasado 27 de octubre y que cuatro meses después, empieza a ofrecer a los representantes de los 35 imputados algunas de las claves del procedimiento.
La Audiencia Nacional informó a primera hora de la tarde de ayer de la decisión de Velasco, que había estado meditando en las últimas fechas sobre las determinaciones a adoptar. La ingente cantidad de documentación que obra en poder del instructor llevó finalmente a levantar el secreto sumarial por partes. Velasco no estaba por la labor de mantener durante mucho más tiempo la situación, pero entiende que no puede desvelar el contenido de una parte sustanciosa de las actuaciones, por lo que se ha reservado el primer tomo y parte de los cinco últimos.
Dos leoneses permanecen imputados por el momento como consecuencia de las actuaciones judiciales que depara la Operación Púnica. A Marcos Martínez Barazón, anterior presidente de la Diputación Provincial, se le acusa de haber puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro, en los que únicamente resultaban beneficiadas las empresas de Alejandro de Pedro Llorca a cambio de que este utilizara su red de influencias entre los altos cargos del Partido Popular para continuar como presidente de la Diputación Provincial.
Auto de imputación
Sostiene el juez Velasco en su auto de imputación que Barazón tendría participación en alguna de las empresas que resultaron adjudicatarias de los concursos, por lo que se presupone que habría incurrido en los supuestos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.
Barazón negó ante el juez tener ningún tipo de participación en empresa alguna y declaró que no conocía de nada a Francisco Granados, supuestamente erigido en el líder de la trama, ni tampoco a David Marjaliza, uno de los conseguidores que también fue enviado a prisión por este concepto.
No obstante, sí reconoció haber visto a Alejandro de Pedro: «Me lo presentó una vez Isabel Carrasco». Esta semana se ha conocido a través del auto que deniega la devolución de la fianza al interventor de la Diputación que el juez considera que hay indicios muy sólidos de que Barazón había instado a Jesús López a reunirse con De Pedro para negociar diferentes favores.
En prisión
Por este motivo, se decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza el 30 de octubre. Salió del Centro Penitenciario de Navalcarnero el 11 de diciembre, después de 43 días en la cárcel en los que alternó esta prisión con la de Soto del Real.
El otro imputado sobre el que también se conocerán los detalles de su imputación a partir de la apertura del secreto del sumario es el interventor «Suso» López, del que la instrucción entiende que existen indicios de posible comisión delictiva acusado de fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación de caudales públicos, que estarían castigados con penas de más de dos años de prisión.
López tenía delegadas las facultades para intervenir en lo referente a la contratación pública del ámbito de la estación de esquí de San Isidro por los intereses que tiene en ella, como propietario de trece apartamentos. Pese a ello, y a instancias de Barazón, según el último auto de la Audiencia, consta indiciariamente que participó en una reunión con De Pedro Llorca en la que se trataron cuestiones relativas al posible favorecimiento del mismo y de empresas controladas por De Pedro o en nombre de las que hablaba en diversas actuaciones a desarrollar en la estación de esquí, en detrimento de la libre y legal concurrencia.
Alejandro de Pedro estaba considerado cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias. Prestaba servicios de reputación en internet para autoridades políticas.