El juez lo imputó hace 161 días por tres delitos contra la administración
El interventor Diego Armesto y la secretaria, en el primer pleno de la Diputación tras la Púnica.
Manuel Jesús López Sánchez permanece imputado desde hace 161 días en la Operación Púnica por tres presuntos delitos. Supuestamente incurrió en negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública que a criterio del magistrado instructor, podrían ser constitutivos de penas de más de dos años de cárcel. Por ese motivo se fijó una fianza de 30.000 euros, para garantizar que no habría riesgo de fuga tras su declaración en la Audiencia Nacional.
Fue el segundo imputado, después de que se produjera la detención del ex presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón. El mismo lunes en el que se procedió al arresto del ex presidente, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregaron al entonces interventor una citación judicial para que acudiera a declarar a Madrid en calidad de imputado.
Sus explicaciones no convencieron al magistrado Velasco. Peor tampoco le parecieron de gravedad tal como para que siguiera el camino a prisión de Barazón. La semana pasada, la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tampoco encontró motivos para devolverle el dinero que había aportado para garantizar su libertad provisional.
Suso López llegó a la Diputación tras varios años en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. También vicepresidente del entonces Club Balonmano Ademar León, que llegó a presidir de forma provisional en la antesala de las elecciones, desempeñó la plaza de viceinterventor entre 1996 y 2009.
No es la única causa que tiene pendiente. Instrucción 2 de León tramita una imputación abierta de oficio, tras descubrir a resultas de un procedimiento civil entre dos empresas de León, que había una supuesta actuación irregular del propio López por su utilización de una serie de apartamentos de su propiedad en la estación de San Isidro para la realización de actividades que como interventor de la Diputación, le estaban vedadas. El asunto fue archivado en su día pero la Audiencia ordenó reabrirlo. Sigue en instrucción.