El Ayuntamiento se salta por medio de una ETT el informe legal que le impedía contratar

No pudo hacerlo mediante la contratación directa, pero lo hará por medio de una empresa de trabajo temporal (ETT). El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León aprobó ayer en Pleno la modificación presupuestaria para poder habilitar fondos con los que contratar a 13 trabajadores para el servicio de limpieza viaria y recogida de basura, durante el periodo de Semana Santa. El cambio consiste en minorar 60.000 euros del capítulo de personal para pasarlo a una partida diferente bajo la denominación de «otros trabajos realizados por empresas y profesionales»; una maniobra con la que la Concejalía de Personal y Régimen Interior, dirigida por Nuria Lesmes, se salta el informe legal redactado por la Secretaría General del consistorio, en el que se avisaba de que las contrataciones que quería impulsar «no se ajustan a la ley». «No pertenece a ninguno de los sectores en los que se permite la tasa de reposición máxima del 10%», según consta en el informe del órgano encargado de fiscalizar la legalidad de los acuerdos, en el que se especifica que no se corresponde con «funciones y categorías profesionales que se consideran prioritarios o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales». Pero ahora, sin éste obstáculo, los elegidos entrarán por otra puerta para atender las necesidades de personal que se acrecientan por la amortización de las plazas de los jubilados en los dos últimos ejercicios.

El recurso utilizado por el equipo de gobierno de Emilio Gutiérrez recibió el rechazo del grupo municipal socialista. El portavoz del PSOE, José Antonio Diez, criticó la decisión de «destinar fondos a una empresa de trabajo temporal» para contratar a 13 empleados: 8 para limpieza viaria y 5 para la recogida de basura, de acuerdo al documento de necesidades que presentó en el mes de enero, cuando la Secretaría General paralizó la operación. No hubo contestación ninguna por parte del PP, que evitó el turno de palabra para pasar lo antes posible a la votación, en la que a sus quince votos se sumaron los dos de la UPL.

Sí que hubo unanimidad para aprobar la modificación de créditos que le permita al Ayuntamiento de León eliminar la reducción del 4% del sueldo a sus trabajadores que había aplicado desde mediados de 2012. La administración justificó entonces que, dentro de las medidas del plan de ajuste para devolver la deuda, era necesario que los empleados vieran minoradas sus nóminas hasta que se estabilizara la situación financiera. Una condición, que se ajustó a que el remanente de tesorería fuera positivo, que se cumple ya en este ejercicio, según argumentaron los servicios económicos municipales, para poder dotar los 2,7 millones de euros necesarios; unos fondos que saldrán de los intereses del ICO que perdonó el Gobierno y con los que se afrontará el restablecimiento de los sueldos a los casi 1.900 empleados.

La devolución del 4%, para la que se dotó el crédito ayer, tendrá que esperar ahora todavía a un nuevo acuerdo una vez que hayan transcurrido 15 días hábiles desde la modificación presupuestaria. El equipo de gobierno tendrá que llevar al Pleno de abril una nueva propuesta en la que se culmine el procedimiento administrativo pertinente, abierto ya en febrero con el cambio del plan de ajuste al que está supeditada la concesión del crédito ICO por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una vez que está ratificado el documento el próximo mes, ya quedará expedito el camino para que el Ayuntamiento de León cumpla con el compromiso de restablecer los salarios al mismo nivel que tenían en enero de 2012.

La medida se adoptará con carácter retroactivo desde el mes de enero, según quedó constancia en el acuerdo plenario. Falta ahora definir, en función de la fecha de aprobación definitiva, si será en la nómina de abril o en la de mayo cuando los trabajadores municipales noten el incremento del 4%. En esa misma fecha se aplicará, en un solo pago, la diferencia de ese porcentaje no percibido por los meses desde principios de año hasta la entrada en vigor de la decisión.