EL COLAPSO DEL SISTEMA
La mitad de los leoneses incapacitados para trabajar no logran una discapacidad
El reconocimiento del 33% les abriría las puertas a un centro especial de empleo
Julio González pelea en los tribunales por el reconocimiento de su discapacidad
La mitad de los trabajadores que tienen alguna incapacidad laboral concedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no logran demostrar en los reconocimientos que padecen una discapacidad superior al 33% que les permita el acceso a un puesto especial de empleo. Los datos que maneja la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) evidencian la lucha de los afectados por normalizar su vida laboral y social y que se resuelve en la mayoría de los casos en los tribunales.
A los retrasos en la tramitación de las valoraciones en el centro base —con casi 3.000 personas en lista de espera y siete meses de demora, como publicó este periódico— se une la dificultad de demostrar el grado de discapacidad suficiente que garantice el derecho a ayudas específicas.
El presidente de Cocemfe León, José Antonio Fierro, apunta además a que en los últimos meses llegan reclamaciones de asociados a los que «en las valoraciones se les reduce el grado de discapacidad, pese a sufrir un empeoramiento de su salud». El servicio jurídico de la confederación estudia casos de pacientes discapacitados de León que se plantean recurrir a los tribunales.
Menos grados
Las asociaciones destacan el endurecimiento de los criterios de la Junta de Castilla y León para conceder los grados de discapacidad y recuerdan que en otras comunidades autónomas el proceso es instantáneo cuando se produce una incapacidad laboral. «En Castilla y León hay que abrir otro procedimiento en el centro base y demostrarlo, lo que alarga el proceso», aseguran trabajadores sociales consultados por este periódico. Los informes médicos no siempre son suficientes para demostrar una discapacidad.
Los afectados denuncian las trabas para el cumplimiento del Real Decreto de 2013, que hace referencia a la ley de 2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad en el que se especifica que «se considerará que se presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalides, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad».
La valoración les abre el camino al empleo adaptado a sus necesidades.
