El censo anula en León 102 empadronamientos irregulares para votar en 11 municipios

No aparecen, no residen allí de manera efectiva, no acreditan que es el domicilio en el que pasan más días al año, nadie sabe nada de ellos o, curiosamente, surgen censados en una vivienda que de repente pare un número excesivo de habitantes como para poder caber todos, pero que les da derecho a voto en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. La nómina de casuísticas es extensa dentro de la alerta lanzada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como «incrementos de residentes significativos y no justificados». Una situación en la que se encuentran 25 municipios de la provincia leonesa, pero que al final se quedan tan sólo en 13 impugnaciones: las firmadas por el PSOE ante la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral, que ha resuelto ya en doce casos con el resultado de la anulación de 102 empadronamientos irregulares que deberán votar en los lugares anteriores al intento de cambio.

La actuación de la Oficina del Censo Electoral, contra la que cabe recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo, responde a las reclamaciones de los socialistas, puesto que ni el PP ni el resto de partidos usaron su derecho a impugnar. La ausencia de reclamación hace que se asiente la nómina de electores de los otros doce municipios sobre los que el INE abrió las sospechas, debido a que en los seis meses anteriores al cierre, decretado el 1 de febrero, presentaron incrementos en la nómina de sus habitantes con derecho a voto superiores a un 10% con respecto a periodos anteriores. Unas alteraciones que se pidió a los ayuntamientos implicados que justificaran, pero que no lograron acreditar en ninguno de los 25 casos marcados en rojo por el organismo estatal.

La resolución se da después de que los técnicos del censo hayan tenido que revisar uno a uno todos los nuevos empadronamientos de los municipios impugnados por los socialistas, de acuerdo a toda la información disponible, los requerimientos a los ayuntamientos y las comunicaciones directas con los implicados. En total, 295 empadronamientos, de los que 102 resultaron irregulares, de los que sólo se salvó Mansilla Mayor, tras acreditar el domicilio de las 12 personas sobre las que se había colocado el foco.

No sucedió lo mismo con el resto de los municipios afectados, a la espera de que la Oficina del Censo Electoral resuelva la situación de Riaño. Un listado de ayuntamientos con los censos hinchados que, gracias a la impugnación socialista y la inactividad del resto, se apunta por entero al PP, salvo Gradefes, donde la regidora se presentó por el PSOE pero ya se ha salido para promover de cara a los próximos comicios el nuevo partido Ciudadanos Rurales Agrupados (CRA).