TRIBUNALES
La Justicia obliga a la Consejería de Familia a poner Internet al comité
Una sentencia del TSJCyL condena a la Junta a pagar una indemnización de 1.200 euros.
Locales del comité de empresa en la calle José María Fernández
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) obliga a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a dar conexión a Internet, de forma inmediata, a los representantes del comité de empresa de León. Los representantes de los trabajadores de la delegación de la consejería en León pleitean desde hace tres años con la Junta para que de cumplimento al régimen de funcionamiento establecido para los órganos de representación sindical. Tras la constitución del comité de empresa en 2013, los sindicatos denunciaron en varios escritos que el local en el que trabajaban en la avenida Peregrinos carecía de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de sus funciones sindicales. La Junta accede a cambiar a los sindicatos a otra oficina en los locales del antiguo Inem en la calle José María Fernández, pero sin conexión a Internet, lo que motivó la demanda judicial de la representación sindical. Las solicitudes se cursaron al secretario territorial de la Junta de Castilla y León, a la jefatura del departamento de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, al presidente del comité de seguridad y salud laboral, al gerente de los servicios sociales, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León y al secretario técnico de Sanidad, pero sin éxito.
El tribunal condena también a la administración a pagar 1.250 euros al comité de empresa en concepto de daños y perjuicios derivados de la vulneración de ese derecho. El TSJCyL considera que la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León ha vulnerado el derecho de libertad sindical que recoge la obligatoriedad de dotar a la representación de los trabajadores de ordenadores, Internet, línea de teléfono, fax, impresora, acceso a Internet, correo electrónico y fotocopiadora.
El comité de empresa interpuso una denuncia en 2012, recién elegida la nueva representación sindical, acusando a la Consejería de Familia de vulnerar los derechos sindicales en el ámbito de la administración de disponer de los medios técnicos necesarios para el ejercicio de sus funciones. «El lugar en el que estamos sólo disponía de un ordenador. Reclamamos durante dos años, pero no nos hicieron caso. Tuvimos que recurrir a los juzgados», asegura la presidenta del comité de empresa, Ruth Barrientos.
María Jesús Sutil, actuando como presidenta del comité de empresa de las consejerías de Sanidad y Familia de la Junta de Castilla y León, interpuso una demanda ante el juzgado de lo social número 3 de León en el año 2012. En la denuncia, acusó a la administración de vulnerar el derecho de libertad sindical al no facilitarles conexión a Internet para el desempeño de sus funciones.
El juzgado de lo social número 3 estimó la demanda interpuesta y declaró que se vulneró la libertad sindical por lo que condenó a la Junta de Castilla y León a establecer «de forma inmediata» dicha conexión, y a abonar al comité la cantidad de 1.250 euros en concepto de daños y perjuicios derivados de dicha vulneración «con expresa declaración de temeridad procesal de la Junta de Castilla y León e imposición a la misma de una multa de 600 euros y condena al pago de las costas procesales en las que habrá de incluirse la minuta de honorarios del letrado que ha defendido los intereses de dicho comité en este juicio con el límite de 450 euros».
La Consejería de Sanidad y Familia interpuso un recurso de suplicación contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el tribunal dictó sentencia definitiva el 12 de marzo de este año estimando parcialmente el recurso interpuesto revocando la sentencia de instancia en lo relativo a la multa de 600 euros, la condena al pago de honorarios de letrado y sanción pecuniaria, aunque ratificando en cuanto al resto el fallo del juzgado.
La Junta de Castilla y León acaba de enviar a los sindicatos un escrito en el que se hace eco de los dos fallos judiciales y anuncia el cumplimiento de la sentencia impuesta por el TSJCyL con la inmediata conexión a Internet del local en que actualmente trabajan los sindicatos en las antiguas oficias del Inem en la calle José María Fernández.