31 puntos para mantenerse como presidente
El Partido Popular y Ciudadanos firmaron hoy un acuerdo programático de 31 puntos sobre transparencia, regeneración, reactivación económica y servicios sociales que permitirá la investidura de Juan Vicente Herrera para un nuevo mandato en la Presidencia de la Junta de Castilla y León, si bien no se trata de un compromiso de legislatura, como les hubiera gustado a los populares, aunque le abrirán al resto de los grupos de las Cortes.
El presidente en funciones de la Junta y del PP de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, y el delegado autonómico y portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, rubricaron esta tarde el acuerdo en un acto que se desarrolló en las Cortes con la presencia de la presidenta de la Cámara, Silvía Clemente, y de los miembros de la comisión negociadora de ambos partidos.
En la presentación del acuerdo, que se produce después de que ambos partidos abrieran la negociación tras rubricar el compromiso de regeneración que plantea Ciudadanos en todas las instituciones como paso previo para seguir hablando, Fuentes puso en valor que cinco procuradores, los que se sentarán en las Cortes, van a conseguir que se adopten propuestas sobre regeneración y transparencia, entre otras.
Por su parte, Herrera explicó que se trata de un acuerdo programático, que culminan tras las negociaciones abiertas a raíz de la firma del compromiso de regeneración y transparencia, en las que han coincidido ambas formaciones en las propuestas realizadas a los ciudadanos para las elecciones del pasado 24 de mayo.
“La máxima preocupación del PP era garantizar la investidura, la estabilidad y la gobernabilidad”, remarcó el presidente del PP, que trasladó una valoración “muy positiva” por el acuerdo y subrayó que “subordinó todo lo demás”, en referencia a su retraso en anunciar que sería candidato, a conseguir el pacto.
Herrera precisó que no es un acuerdo de legislatura ni de participar en el futuro Gobierno, aunque le hubiera gustado que fuera así y ofreció en tal sentido un pacto de estabilidad, sino que se trata de un apoyo puntual a la investidura, dado que con la abstención de los cinco procuradores de Ciudadanos tiene garantizada la proclamación en la segunda votación.
En relación a que Luis Fuentes afirmara esta mañana que el acuerdo de PP y UPL dificultaba el acuerdo con su partido, el portavoz de Ciudadanos matizó esta tarde que está “tranquilo” con las explicaciones recibidas de Juan Vicente Herrera, con quien se reunió a última hora de la mañana, después de asistir al pleno de investidura en la Diputación de Valladolid. “Es legítimo que el PP busque otros acuerdos”, zanjó.
Abrir debates
Tras manifestar que se siente “cómodo” en este acuerdo y que es “coherente”, desgranó que de los 31 puntos, 16 corresponden a transparencia y regeneración, nueve a una recuperación económica estable y seis a los servicios públicos esenciales. Herrera agradeció la “voluntad de pacto” de C’s y se mostró convencido de que, aun no siendo de legislatura, abre las “puertas al diálogo” y se podrá extender al resto de grupos de las Cortes.
Algunos de los puntos se remiten al Gobierno central para abrir debates, como los relativos a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General o la elección de los candidatos en primarias, y otros se ciñen al ámbito de la Comunidad, entre ellos la posible reforma del Estatuto de Autonomía para limitar mandatos a la presidencia de la Junta, de las Cortes y de las instituciones propias, además de los aforamientos y la incompatibilidad de ser procurador y alcalde de una localidad de más de 20.000 habitantes.
Sobre esa propuesta, Herrera manifestó que “no tiene efectos inmediatos”, dado que en este momento los alcaldes de León y Salamanca, Antonio Silván y Fernández Mañueco, han repetido como procuradores por sus respectivas provincias. Entre las aportaciones de Ciudadanos, el dirigente popular citó el punto séptimo, que recoge la revisión de la ley de Gobierno para limitar a ocho años el tiempo máximo en que puede permanecer una persona como titular de la misma consejería.
Además, se publicarán todos los contratos de la Administración de la Comunidad de “forma clara, estructurada y entendible para los ciudadanos”; se regulará el ejercicio de alto cargo; se impulsará a nivel estatal una tabla salarial para los cargos públicos; se propiciará la responsabilidad patrimonial de los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción y se separará de inmediato a cargos públicos o de partido imputados por casos de corrupción política.
Otra de las propuestas en el apartado de transparencia pasa por la realización anual de una auditoría de las empresas públicas y fundaciones a través de una empresa independiente inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Además, no podrán ir al Congreso y Senado ninguna persona imputada o sobre la que pese una sentencia firme por casos de corrupción.
En el ámbito de la recuperación se plantea el trabajo con las entidades financieras para facilitar crédito a pymes, autónomos y empresas, impulsar más políticas fiscales y aprobar en 2016 una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF, apostar por la reindustrialización, profundizar en la lucha contra el fraude fiscal o impulsar el empleo rural.
Por último, defender la sanidad, educación, servicios sociales y la atención a la dependencia como políticas públicas, impulsar la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos, consolidar el sistema de becas universitarias o potenciar las unidades de diagnóstico rápido y reducción de las listas de espera en diagnóstico y cirugía.