La instalación de cámaras de vigilancia aumenta en León un 85% en tan solo tres años

Saber qué pasa en cada momento, vigilar, controlar y aportar seguridad son los objetivos principales de las cámaras de videovigilancia cuyo uso se ha incrementado en León en un 85% desde el 2012. La Agencia Española de Protección de Datos —donde es obligatorio registrar la utilización de las cámaras— contabiliza 2.368 ficheros, aunque algunos de ellos pueden hacer referencia a más de una cámara. La reducción de los precios y la necesidad de aumentar la seguridad son uno de los principales motivos que ha llevado al incremento en el uso de estos aparatos que acapara el sector privado, ya que de las al menos 2.368 cámaras tan sólo 30 de los ficheros son de titularidad pública.

El comercio y la hostelería son dos de los sectores que más emplean la videovigilancia y a los que en los últimos dos años se han sumado las comunidades de propietarios de vecinos, que suelen instalar cámaras en los espacios comunes, como ascensores, garajes y trasteros, «para evitar robos y por seguridad», como apunta desde la empresa Protext Seguridad, la gerente Rocío Aguado, quien añade que las grandes superficies «han multiplicado» el uso de estos aparatos y su inversión en seguridad como consecuencia de los robos, que han aumentado durante los años de crisis.

«De aquí a diez años no habrá casa, comunidad de vecinos o negocio que no tenga una cámara de videovigilancia por seguridad y por tranquilidad», avanza el gerente de Segur Protect, Óscar González. El precio medio de estos aparatos ha descendido y por 600 euros un particular puede adquirir un equipo medio, que ahora carece de cuota de mantenimiento, y que está conectado a un router, con lo que el cliente puede controlar a través de un dispositivo móvil lo que está ocurriendo en la zona vigilada.

Aguado también indica que muchos padres han recurrido a este sistema para controlar a sus hijos cuando les dejan con sus cuidadores y Segur Protect ha instalado un «gran hermano» para que un hijo pueda relacionarse y ver cómo vive su madre, a pesar de que residen en ciudades diferentes. A todo ello se suman las naves industriales y las segundas residencias, que pueden estar controladas y saber qué ocurre en ellas con tan sólo mirar el teléfono móvil.

Según los registros con los que cuenta la Agencia Española de Protección de Datos, en junio del 2012 había en la provincia 1.275, de los que 22 eran de administraciones públicas y 1.253 de entidades privadas. La cifra ha ido en aumento durante estos años hasta alcanzar los 2.368 registros hasta junio de este año, de los que 30 son del ámbito público y 2.338 del privado. Otro motivo de este aumento también está relacionado con la nueva normativa que obliga a la verificación de las alarmas, lo que ha provocado que muchos recurran al sistema de la videovigilancia para corroborar o descartar el incidente. El crecimiento del uso de las cámaras se ha dado en los últimos años en casi todas las provincias españolas, según los registros de la agencia de protección de datos.