TRIBUNALES
Los Larralde creen que Julio se desligó de sus empresas días después del crimen
Solicitan a la jueza que compruebe si firmó un poder para cedérselas a su sobrina.
La Policía, en el lugar en el que apareció el cadáver de Roberto Larralde.
La familia de Roberto Larralde ha solicitado ante el juzgado de Instrucción número 3 de los de León que se compruebe si, como ellos sostienen, Julio L., el supuesto cerebro del crimen que acabó con la vida de su hijo firmó dos días antes de la aparición del cadáver un poder por el que dejaba en manos de una sobrina suya la gestión de sus empresas, circunstancia que a criterio de los demandantes, demuestra que era consciente de que se iba a destapar la trama y que se le iba a vincular al caso por su presunta participación.
Así lo han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la instrucción, que no se ha paralizado a lo largo del mes de agosto. Tras la comparecencia de los siete imputados por el caso (la jueza añadió dos más el mes pasado, después de considerar probada su participación como responsables de conseguir y proporcionar la pistola con la que se perpetró el crimen), se estudia ahora esta propuesta, formulada por la familia de la víctima a través de su representación legal.
La instructora ha decidido transformar ya el sumario en un procedimiento del Tribunal del Jurado, por lo que será un jurado popular el que tenga que dilucidar el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de los procesados. De todos modos, queda un largo camino todavía hasta cerrar la instrucción, puesto que las defensas han iniciado la propuesta de diligencias encaminadas a exculpar a sus clientes de los cargos.
El último auto de la jueza describe que la muerte de Roberto Larralde tuvo lugar indiciariamente la noche del 13 de septiembre de 2014, de un solo disparo producido «desde la parte derecha de atrás» de la víctima.
Toda la noche
El cadáver permaneció varias horas tendido en el lugar en el que ocurrió su muerte porque se estropearon los focos de la excavadora con la que se había previsto enterrarlo en el vertedero de Santa Olaja de la Ribera para esconder el cadáver, y no se pudo llevar a cabo la tarea hasta el amanecer del domingo 14 de septiembre, siempre según consta en el auto emitido por la instructora.
La última llamada que recibió en su móvil fue la de José Ramón V. al que conocía de haber estado en prisión juntos y del que la jueza sostiene que es el principal sospechoso de materializar el crimen. Desde un bar de la capital le había llamado en presencia de Julio L y de Carlos R., que había trabajado para el anterior. Aconsejados presuntamente por Froilán A. un detective privado amigo del líder, realizaron diversas llamadas desde un lugar diferente al de la ejecución de los disparos, para tener coartada ante la Policía en su defensa.
José Ramón V. llamó a Julio L. a las 23,32 horas de la noche del sábado supuestamente para comunicarle que ya se había llevado a cabo el plan. Lo hizo cuando Miriam C. esposa de la víctima, se encontraba de viaje «que hicieron juntos para no estar en León a la hora del crimen», describe la jueza. «Tranquila, que ya está hecho», le dijo el cerebro del plan a la joven, con la que compartía una relación sentimental. Dos amigas más compartían ese desplazamiento.
A los cinco imputados conocidos desde el principio se unen ahora dos más. Adrián M. proporcionó a Antonio G. el arma con la que se realizaron los disparos, para saldar una antigua deuda que mantenía el primero con el segundo. Ambos han sido imputados por tenencia ilícita de armas, además de por asesinato, acusación que se extiende a los siete sospechosos. La jueza entiende que todos formaban parte del plan para poner fin a la vida de Larralde.