La Audiencia basa en el riesgo de fuga la negativa para la libertad de Triana

La sala de vacaciones de la Audiencia Provincial de León considera en el auto en el que deniega la libertad a Triana Martínez que está comprobado «que existen indicios racionales de criminalidad contra la imputada solicitante, que confirman la presunta participación de la misma» en la muerte violenta de la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, el pasado mes de mayo.

Este argumento y el del riesgos de fuga son cruciales para que se adopte la decisión definitiva de rechazar la libertad provisional de la joven. «El juzgado valora, en cuanto a los fines que la medida que se acuerda debe cumplir, el peligro de fuga o de sustracción a la acción de la justicia en atención a la gravedad de los delitos objeto del procedimiento, y en los que ha podido participar la imputada, y la gravedad de las penas señaladas a los mismos», que de acuerdo a las calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal, podrían alcanzar los 23 años de prisión.

«Terminada la instrucción, efectuada la calificación provisional que antecede y decretada la apertura del juicio oral, la causa se encuentra ya ante esta Audiencia Provincial, en trance de resolver sobre las cuestiones previas planteadas por la defensa (para lo cual están convocadas las partes a una vista señalada para el próximo día 8 de Septiembre), siendo inminente, tras la resolución de las mismas y la fijación de los hechos justiciables, el señalamiento de la constitución del jurado y el comienzo de las sesiones del juicio oral».

La sala de vacaciones estuvo constituida por el presidente del Tribunal del Jurado, Carlos Javier Álvarez, acompañado por Alberto Francisco Álvarez Rodríguez, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y por Manuel Ángel Peñín, magistrado de la Sección Tercera. La función de la sala de vacaciones es evitar tener que convocar a los magistrados que se encuentran disfrutando de su periodo reglamentario de asueto en verano.

El auto responde a la propuesta de la defensa de Triana Martínez, hija de la autora confesa del crimen, Montserrat González. Solicitaba eliminar la medida cautelar de prisión por considerar que a estas alturas del procedimiento «ha perdido su razón de ser, estando plenamente acreditado su arraigo y la total falta de posibilidad alguna de ocultación de pruebas; por otro, aún sin discutir a fondo los hechos objeto del procedimiento, se destaca que la imputada solicitante no fue la autora material de los disparos y que su presunta participación en los hechos solo podría ser calificada como a título de encubridora o, en el peor de los casos, de cómplice, con la particularidad de que, en el primero de los supuestos, y dada su relación de hija con la autora material del delito, quedaría exenta de responsabilidad criminal en el supuesto de encubrimiento entre parientes».