El CSI-F pide una ley para que todos los funcionarios cobren sin discriminación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Castilla y León exigió ayer a todas las administraciones —autonómicas, provinciales y locales— que tengan en cuenta la decisión del Gobierno central para abonar la paga extra de Navidad suprimida y «que tomen medidas para abonar ya esa cantidad, evitando agravios» y sin que se inicie «un periodo de descontrol» en el que cada institución «vaya a su aire».

Para ello, el presidente de CSI-F en Castilla y León, Carlos Hernando, propuso la creación de «una ley de carácter básico para que todos trabajadores públicos del Estado puedan cobrar sin que se produzcan discriminaciones, primero entre los empleados de la administración central y de las demás, y luego de las comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos, como ya ocurrió cuando se devolvió la primera parte».

El sindicato representante de las entidades públicas considera que las medidas anunciadas por el Gobierno no son suficientes, «teniendo en cuenta que la pérdida del poder adquisitivo ha sido del 30%».

Para compensar dicha pérdida, Hernando alegó que se debe realizar una subida del 2,5% «que equipare a este colectivo con el sector privado, que ha pactado un incremento del 1% para 2015 y 1,5 para 2016».

A pesar de que el presidente del sindicato valoró «la devolución de los recortes», también advirtió que los empleados públicos «especialmente maltratados durante la crisis, no son moneda de cambio en el escenario electoral».

Hernando también reiteró que las decisiones del Gobierno no servirán de nada si las administraciones de Castilla y León «no toman medidas para hacer efectivas esas voluntades centrales en todos los empleados públicos de la comunidad».