Ibán García del Blanco no valora renunciar a la lista del PSOE si resulta imputado

A la puerta, nada más declarar en la instrucción del caso por el que se le acusa de discriminación laboral, el secretario federal de Cultura y Movimientos Sociales del PSOE, Ibán García del Blanco, se mostró ayer «muy tranquilo». «Más tranquilo incluso que antes de la declaración», abundó el dirigente, quien ni siquiera quiso plantearse la posibilidad de que, ante una imputación, tuviera que renunciar a su puesto como número dos de la candidatura socialista al Congreso de los Diputados. «Creo que no se da esa circunstancia ni se dará ese extremo», concedió. Ni siquiera aunque se confirmara que la jueza de instrucción 3 le asienta como imputado, lo que cumpliría el supuesto que la ejecutiva provincial marcó para solicitar su salida a Ferraz. «No valoro ese extremo, ni esa posibilidad», insistió.

García del Blanco se agarra a la misma situación vivida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, imputado por la operación Patos, y a que el código ético del PSOE sólo marca la renuncia a la entrada en listas de los imputados por casos muy concretos, como el de los ERE, o si estuviera abierto juicio oral. Ni un extremo, ni el otro se dan, puesto que la instrucción todavía podría durar varios meses, debido al elevado número de testificales solicitados, y las elecciones son el 20 de diciembre. Aunque por si acaso el ex concejal de Personal del Ayuntamiento de León y ahora miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez anunció ayer que reclamará a la jueza el archivo de la causa porque «no hay más vuelta de hoja en lo que ocurrió».

Pero por el momento, en el turno de declaraciones de ayer, García del Blanco estuvo acompañado por Francisco Fernández y Miguel Ángel Fernández Cardo, quienes en el mandato 2007-2011 eran alcalde y concejal de Hacienda, respectivamente, cuando sucedieron los hechos denunciados. Un caso, sucedido en 2007, nada tomar posesión los socialistas del gobierno municipal, en el que el jefe de los servicios económicos del Ayuntamiento, Carlos Hurtado, les acusa de discriminación laboral por retirarle gran parte de sus funciones y comisiones. Trato que se completó con el traslado a un despacho fuera de su departamento, «sin ventilación», ni luz natural y «con condiciones de salud y seguridad muy mediocres», según el texto de la querella registrada en 2011, después incluso de que el Procurador del Común requiriera a los rectores municipales para que garantizasen los derechos del funcionario.