La oposición reclama una comisión de investigación sobre el caso de Llamas

El caso del inicio de las obras de su nuevo restaurante sin licencia realizado por el concejal de Comercio, Consumo y Fiestas, Pedro Llamas, no está cerrado. A pesar de que el Pleno del lunes ya sirvió para su reprobación —una figura que no tiene ninguna consecuencia práctica—, tres de los grupos de la oposición dieron un paso más ayer: solicitar que se constituya «una comisión informativa especial para estudiar las presuntas irregularidades existentes en relación a los expedientes abiertos» al edil. Una reclamación, que firmarán hoy el PSOE, León Despierta y León en Común, después de que se descolgara la UPL y a la espera de que Ciudadanos anuncie hoy su decisión, que se complementa con la petición de que tengan cabida también «el análisis del proceso de concesión de licencias urbanísticas para estudiar y corregir posibles anomalías», así como «cualquier tramitación de licencias sospechosa de este presunto trato favorable, independientemente de la participación de Llamas en ellas».

El escrito insiste en que «existe la necesidad imperiosa de aclarar cualquier aspecto relacionado con la petición de las licencias, tramitación del expediente urbanístico para la apertura del restaurante» de la franquicia KFC, y «apertura del expediente de sanción por infracción urbanística ante la realización de uso del suelo sin licencia». «El alcalde no puede cerrar en falso este expediente cuando tiene el mandato del Pleno de retirar las competencias a su concejal», anunciaron los firmantes de la petición, en la que se abunda en que «del análisis de todos los informes que obran en el expediente de la apertura del restaurante se pueden desprender indicios de un posible trato de favor al edil, administrador único de la empresa promotora».

La comisión, de acuerdo al escrito de solicitud presentado, no tendría «ninguna remuneración para los asistentes» y estaría formada por «ediles de todos los grupos políticos» para «analizar toda la documentación vinculada al expediente de esta obra y cualquier otra que se solicite», además de que en ella «se tomaría declaración a cualquier responsable político, técnico o trabajador municipal que haya tenido relación con la tramitación de los mencionados expedientes, tanto el vinculado a la tramitación de licencias como los derivados por la infracción urbanística detectada».