El sector advierte del peligro de las reclamaciones para su estabilidad

Las cláusulas suelo imponen un tope mínimo de bajada de los intereses que se pagan en las hispotecas, de forma que los afectados no pueden beneficiarse de los descensos del euríbor por debajo de ese nivel. Lo que les ha perjudicado en una época de tipos históricamente bajos, a partir de finales de 2008.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia español reconoció esta situación en mayo de 2013, y las reclamaciones que se han hecho hasta ahora sobre la retroactividad tienen el límite de esa fecha. Sin embargo la Comisión Europea, a instancias de tribunales de Granada y Santander, acaba de pedir al Tribunal de Justicia de la UE que se reconozca el derecho a las indemnizaciones con carácter retroactivo a los consumidores desde la firma de la hipoteca.

Tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo han alertado de que esta retroactividad puede poner en peligro la estabilidad del sistema financiero, y defienden que las hipotecas con suelo eran más baratas que las que no lo tenían, «lo que explica su contratación masiva por los clientes». Advierten de que esta situación provaría un mal mayor en el sistema, que necesitaría inyectar más dinero público.

El sector calcula que si se aplica la retroactividad que reclama el Tribunal Europeo el coste para la banca española ascendería a 10.000 millones de euros.

Las sentencias dictadas hasta ahora en León a favor de los clientes inciden en la falta de transparencia a la hora de insertar la cláusula en el préstamo, y que no se acredita que el ciente conozca lo que implica esta condición para el préstamo. Además de la desproporción entre el suelo y el techo fijados en los contratos.