LA POLÉMICA POR LA SUPRESIÓN DEL EXAMEN
La Junta atribuye la suspensión de las oposiciones «a la tiranía del déficit»
Sáez Aguado comparecerá en las Cortes por la anulación de la prueba de Enfermería
Protesta ante la sede de la Consejería de Sanidad por la supresión de las oposiciones de Enfermería
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió ayer la decisión de la Junta de convocar las oposiciones a Enfermería como una decisión política, un paso al frente desde el «sentido común, la necesidad y la oportunidad». El popular defendió así su legalidad, apelando también a que la convocatoria «no influía en el objetivo del déficit, que es lo que le preocupa al Gobierno, porque esas plazas están ocupadas por interinos». Así, remarcó: «Estamos empezando a padecer la tiranía del déficit», al argumentar que desde el Ministerio de Haciendo se interpuso el recurso «como consecuencia de una mala interpretación» de los objetivos económicos a cumplir. El consejero insistió en que la decisión era «no convocar ninguna o convocar más de 500 plazas de Enfermería» para cubrir las necesidades de la comunidad y que la misma decisión se ha tomado en otras autonomías, sin que sus tribunales ni el Gobierno central hayan paralizado los procesos.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, sostuvo que es el momento de «pensar en el futuro» y pidió propuestas a los sindicatos para «dar más estabilidad» a los profesionales, ante la reunión prevista para el viernes de la Mesa Sectorial del ramo y tras anunciar que ha solicitado comparecer en las Cortes, según informa Ical. Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, reconoció ayer que la paralización cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la oposición ha supuesto todo «un mazazo».
El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, quien se sumó a la protesta de los sindicatos, aseguró que la Junta mantuvo el proceso a pesar de que había recibido por escrito una comunicación en la que el Estado les comunicaba que iba a impugnar la convocatoria. El delegado de Ciudadanos, Luis Fuentes, el secretario autonómico de Podemos y portavoz en las Cortes, Pablo Fernández, y el procurador de Izquierda Unida José Sarrión también respaldaron la protesta y exigieron responsabilidades.