Gancedo llevará a la Junta en diciembre la financiación de los servicios sociales

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo mantendrá un encuentro el próximo 2 de diciembre con el gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, para trasladarle su reivindicación sobre que la Junta asuma el coste de los servicios de esa naturaleza que presta el Ayuntamiento de manera impropia. La reunión se fijó en respuesta a la carta remitida por la regidora el pasado 30 de octubre a la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en defensa del mantenimiento de unos servicios sociales «públicos, cercanos y de calidad» en el municipio, que soporta un desembolso de 1,2 millones para mantener, entre otros, el Centro de Día, la Escuela Infantil y el Centro de Mayores, que son de competencia autonómica.

Reclamar esas cuantías es una de las alternativas del equipo de Gobierno para seguir prestando los servicios a la ciudadanía sin grabar sus bolsillos, «en estos momentos de especial dificultad para muchas familias», reconoce. La alcaldesa espera que la Administración autonómica aporte al Ayuntamiento una respuesta ágil a sus peticiones en materia de competencias impropias, educación y servicios sociales que pueda reflejarse en el borrador del presupuesto de 2016, antes de remitirlo al Ministerio de Hacienda.

«Siempre hemos defendido que una modificación de las ordenanzas fiscales no es plato de gusto para nadie, tampoco para nosotros, que conocemos la situación de nuestros vecinos. Sin embargo, tenemos que cumplir con el Plan de Ajuste que se aprobó en la legislatura anterior del Partido Popular para poder salir de la situación de ilegalidad administrativa y económica en la que está sumido el Ayuntamiento», señaló.

María Eugenia Gancedo destaca su firme intención de «llamar a todas las puertas en busca de soluciones que eviten tomar medidas difíciles para todos». De ahí que apremie a la Junta a cumplir con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que en su disposición segunda establece que a partir del 1 de enero de 2016 las comunidades que no hayan asumido el desarrollo de los servicios sociales de su competencia, deben responsabilizarse de su coste, aunque estos se sigan prestando por parte de los ayuntamientos. Teniendo en cuenta los plazos de respuesta con los que trabajan las administraciones, la regidora no descarta que sea necesario abordar medidas que puedan flexibilizarse más adelante.