Un dirigente sindical y el hijo de un alcalde entre los subrogados al servicio de limpieza

Entre las irregularidades denunciadas por Asial ante el Tribunal de Cuentas por la gestión que derivó de la reversión del servicio público de limpieza, destaca la subrogación de trabajadores. Empleados que pasaron a formar parte de la plantilla municipal desde el 1 de febrero del 2013, según consta en el escrito remitido por la Agrupación Sindical Independiente del Ayuntamiento de León. Que debían ser 221 (los que pertenecían a la plantilla de la concesionaria en la ciudad) y fueron 224. En ese anexo, el sindicato localiza al hijo del que entonces era alcalde de Sariegos, y al secretario de acción sindical de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés Granado. Sobre el hijo del ex alcalde describe un particular progreso laboral, porque estaba contratado por la empresa Urbaser en el centro de trabajo de un municipio del alfoz de León (no de la capital). Con la categoría de ayudante de servicio, bajo el convenio colectivo de Trabajo, de ámbito provincial del sector de limpieza pública, riegos y recogida de basuras y conservación del alcantarillado de León, y no el convenio colectivo de trabajo de ámbito empresarial para la empresa Urbaser, que suscribió esta sociedad y sus trabajadores del centro de trabajo de León, aplicable a trabajadores adscritos al centro de labor de León ciudad. El mismo empleado le fue realizado otro contrato que devino de eventual a indefinido; amparado también por el convenio provincial. Por esta razón Asial concluye ante el Tribunal de Cuentas que es prueba sobrada de que el trabajador subrogado no estaba en el centro de trabajo de Urbaser en León. Hecho que corrobora que su nombre no figura en ninguno de los partes de trabajo diarios que afectaban al servicio de limpieza con anterioridad al 1 de febrero del 2013. Asial subraya ante el ente fiscalizador que el trabajador fue subrogado, finalmente, con la categoría de peón, inferior a la de ayudante de servicios que ostentaba antes de cambiar su situación contractual.

El foco se fija también sobre el responsable de la acción sindical de Comisiones Obreras en su ejecutiva autonómica, Vicente Andrés, al que señala como uno de los que podría haber formado parte de la subrogación excesiva de la plantilla de l servicio de limpieza. Apunta la denuncia sobre la sospecha de que la empresa Urbaser tuviera un pacto de carácter sindical para liberar a ese trabajador; «que de existir, nunca debió de vincular e implicar al Ayuntamiento de León», alerta Asial en su informe de situación remitido al Tribunal de Cuentas. Debido, entre otras razones a la escasa representación del sindicato que representa en el comité de empresa y que además la organización ya disponía de otro trabajador parcialmente liberado.

Sobre las circunstancias que alejan de la legalidad la entrada de este sindicalista en la plantilla subrogada al servicio municipal de limpieza se cita su ausencia en los partes de trabajo; o de la relación de personal facilitada por la empresa concesionaria diez años antes; o su lugar de residencia, a 180 kilómetros de León. El sobrante de plantilla subrogada ha causado, según expone Asial ante la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, graves perjuicios económicos para el erario municipal leonés. El Ayuntamiento ha cargado con las nóminas y los seguros sociales de estos empleados por un importe superior a los 167.000 euros en este tiempo posterior a la fecha de subrogación de la plantilla, y hasta que concluyó el mandato político anterior.

En ejercicio de acción pública de exigencia responsabilidad contable, Asial registró ante el Tribunal de Cuentas un informe documentado de asuntos que considera lesivos para la Hacienda y de los que ve responsables a las autoridades políticas; la ex concejala Nuria Lesmes al frente de la relación.