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El juez tarda 10 años en declarar nula la subida de sueldo de un ex alcalde
Los 75.000 euros a devolver, en el aire, al dar el tribunal por ejecutada la sentencia.
Minuto de silencio que inició la sesión plenaria del 15 de marzo de 2004, que anuló el juez.
El 15 de marzo de 2004, el nuevo equipo de Gobierno de Villaquilambre aprovechaba una convocatoria de repulsa contra los atentados del 11-M para realizar un pleno extraordinario sobre las retribuciones que pasarían a percibir por su gestión. La mayoría numérica daba luz verde a un salario de 55.000 euros para el alcalde, Miguel Hidalgo (Civiqus), y de 30.000 euros para la primera teniente popular, sin debate, ya que los concejales de UPL abandonaron la sesión tras el minuto de silencio, por considerarla nula, al no haber recibido «a tiempo», según dijeron, la documentación de lo que iba a tratarse.
Los leonesistas habían sido expulsados del poder un mes antes con una moción de censura que llegó tras romper el pacto de Gobierno con el PP en noviembre de 2003, quedar gobernando con 8 de los 17 concejales de la Corporación a «pecho descubierto», según lo definió el entonces regidor Lázaro García Bayón, y lanzar un órdago con una moción de confianza que perdieron el 19 de diciembre de 2003. Ya en la oposición decidieron recurrir ante los tribunales «la subida de sueldos», que suponía 25.000 euros más de lo que cobrada el anterior regidor.
El juzgado tardó una década en dar la razón a UPL y declarar «nula» aquella sesión plenaria y los puntos que en ella se aprobaron, lo que podría suponer para el ex alcalde Miguel Hidalgo el tener que devolver al Ayuntamiento de Villaquilambre, donde trabaja desde hace 31 años como secretario municipal, casi 100.000 euros de lo percibido durante sus tres años de gobierno.
Sin embargo, un cúmulo de circunstancias han dejado esa cuantiosa e hipotética devolución en el limbo. Hasta tal punto que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León acaba de dar, en un auto dictado del pasado día 12 de noviembre, por cumplida la sentencia, aunque no se hayan reintegrado las retribuciones, en las que, por otra parte, podría «concurrir el instituto de la prescripción», señala el juez. El pronunciamiento judicial se llevará a Pleno para dar cuenta de él y los portavoces de los grupos tendrán que manifestarse sobre los pasos que el Ayuntamiento podría dar para reclamar o no el reintegro de las cantidades de más fijadas en 2004 en una sesión que fue declarada nula.