La Junta cerrará los pubs que reincidan en sobrepasar los horarios de cierre

Como existen «establecimientos con hasta 50 denuncias de horario de cierre», pero en los que «las multas económicas se imponen a personas insolventes que muchas veces trasmiten sus locales a otras personas con un grado de insolvencia mayor», como admite el intendente jefe de la Policía Local de León, Martín Muñoz, la Junta ha decidido cerrar la puerta a este tipo de prácticas ilegales. No habrá más avisos, ni tramitaciones que se dilatan en el tiempo para zafarse del cumplimiento. A partir de ahora, de acuerdo a una recomendación formaulada por el Procurador del Común, se procederá a «imponer a los locales con procedimientos sancionadores abiertos a causa de incumplimientos en su horario de cierre ceses de actividad por fines de semana como sanción, en lugar de considerar la reincidencia como una sanción acumulativa que derivaba en una multa económica», según trasladaron desde la administración autonómica en la mesa del ruido.

La decisión adoptada atiende a la acumulación de quejas ciudadanas que han hecho que el Procurador del Común inste al Ayuntamiento de León a informar sobre el cumplimiento de los horarios de cierre en varios locales de Burgo Nuevo y la calle Juan de Arfe. Dos zonas en las que la Policía Local tiene que intervenir con frecuencia para ordenar el cese de la actividad de los establecimientos, acabar con ruidos que se producen en la calle e, incluso, intervenir en las peleas generadas a última hora.

Multas sin resultado

Esta constatación de la reincidencia no ha tenido efectos hasta el momento. Tan sólo se ha podido hacer el levantamiento del acta por parte de los agentes, en el que se anota cuánto tiempo se ha rebasado y las personas que se encontraban dentro en el momento de la intervención, para derivarlo a la delegación territiorial de la Junta en León, que es la encargada de instruir el expediente y la consiguiente sanción.

Pero ni siquiera estas multas consiguen que se cumpla con los horarios de cierre, como demuestran los alrededor de 150 expendientes sancionadores que se registran cada año en la capital leonesa. No menguan, sino al contrario, a pesar de las sanciones: 601 euros en la mayoría de los casos, la mínima establecida, y 9.000 euros a aquellos que reinciden, aunque el artículo 37.8 de la Ley de Espectáculos de Castilla y León establece que pueden llegar hasta los 300.000 euros cuando se determine que la infracción es muy grave.

El principal problema, como admiten desde la Junta, reside en que en el trámite de recurso de alzada se dilataba excesivamente el procedimiento en el tiempo. Esta demora hacía que no se pudieran considerar a los establecimientos como reincidentes al no disponer de dos expedientes con sanción firme por la misma causa dentro del mismo año, como se indica en la Ley de Espectáculos Públicos de Castilla y León, lo que derivaba en que no se pudiesen aplicar suspendiones cautelares de actividad.

Ahora, olvidado este modo de procedimiento, la Junta tendrá durante la celebración de las fiestas navideñas la primera gran cita para poner en práctica el nuevo criterio para el cumplimiento del horario de cierre.